Costa Rica tiene un problema de seguridad que ya nadie puede negar. El narcotráfico ha crecido, las organizaciones criminales disputan territorios, los homicidios han golpeado comunidades y las instituciones enfrentan estructuras con dinero suficiente para corromper funcionarios y penetrar organismos que precisamente fueron creados para combatirlas. Ante esa realidad, exigir cárceles seguras, policías profesionales, inteligencia criminal y una respuesta contundente del Estado no solamente resulta razonable, sino necesario.
Pero precisamente cuando una sociedad tiene miedo es cuando debe prestar mayor atención al poder que entrega a sus gobernantes.
Durante los últimos días ocurrieron hechos que, vistos individualmente, podrían parecer discusiones separadas. Dos extraditados denunciaron presuntas torturas en una cárcel costarricense; el fiscal general recibió esas manifestaciones y las remitió para investigación; el ministro de Justicia cuestionó públicamente la actuación del fiscal; el Gobierno mantiene un discurso de endurecimiento penitenciario y, paralelamente, el país acaba de conocer un informe de inteligencia que señala a más de cien policías por presuntos vínculos con estructuras del crimen organizado. Mientras todo esto ocurre, Costa Rica atraviesa además una confrontación política alrededor del Poder Judicial que ya llevó a cientos de ciudadanos a manifestarse en defensa de su independencia.
Ninguno de esos hechos demuestra por sí solo que Costa Rica se haya convertido en un Estado autoritario. Afirmarlo sería irresponsable. Pero ignorar la combinación de señales también lo sería, porque la historia demuestra que los instrumentos de control que una democracia permite construir hoy pueden sobrevivir durante décadas y terminar algún día en manos de gobernantes completamente diferentes.
La pregunta, entonces, no es solamente qué quiere hacer el Gobierno actual con esas herramientas. La pregunta que debería despertar a la sociedad costarricense es mucho más incómoda: ¿estamos construyendo las cárceles, sistemas de vigilancia y estructuras coercitivas que mañana podrían utilizar contra quienes piensan diferente?
Las denuncias que Costa Rica no puede simplemente ignorar
Gilbert Bell Fernández, conocido como “Macho Coca”, y Gabriel Lozano, alias “Compadre”, fueron extraditados el pasado 13 de agosto hacia Estados Unidos para enfrentar procesos relacionados con narcotráfico. Antes de salir del país denunciaron haber sido víctimas de presuntas torturas durante su permanencia en el sistema penitenciario costarricense. Bell llegó a calificar el lugar donde estuvo recluido como una prisión de tortura. La extradición de ambos fue confirmada oficialmente y forma parte de la nueva capacidad costarricense para extraditar nacionales por narcotráfico o terrorismo.
Podemos despreciar a un narcotraficante. Podemos exigir que quienes trafican drogas reciban todo el peso de la ley y que las estructuras responsables de la violencia que vive Costa Rica sean desarticuladas. Lo que una democracia no puede hacer es decidir que la identidad o los antecedentes de quien denuncia determinan si una posible tortura merece ser investigada.
Ese principio es mucho más importante de lo que parece. La prohibición de la tortura no fue concebida únicamente para proteger al inocente, al ciudadano ejemplar o a quien despierta solidaridad. Existe precisamente para limitar al Estado cuando tiene bajo su control a alguien que prácticamente nadie está dispuesto a defender.
El fiscal general, Carlo Díaz, recibió las manifestaciones y procedió a trasladarlas para investigación. La reacción del ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, fue cuestionar públicamente esa actuación. El jerarca terminó su crítica con una frase dirigida al fiscal que resulta especialmente significativa dentro del contexto: “Cada quien escoge sus prioridades…”.
Ahí existe una diferencia institucional que los costarricenses deberían observar cuidadosamente. El Ministerio de Justicia administra el sistema penitenciario. La Fiscalía debe investigar la posible comisión de delitos. Si una persona bajo custodia estatal denuncia tortura, investigar no significa defender al narcotráfico ni ponerse del lado de un extraditado. Significa comprobar si funcionarios del Estado cruzaron una frontera que ninguna autoridad puede cruzar.
El problema tampoco comenzó con las declaraciones de esta semana. Ya existían denuncias anteriores relacionadas con las condiciones de Máxima Seguridad, incluyendo las formuladas por Celso Gamboa. La acumulación de señalamientos no demuestra automáticamente que exista tortura, pero vuelve todavía más necesaria una investigación capaz de establecer qué sucede dentro de un espacio donde la persona privada de libertad queda completamente sometida al poder estatal.
La mano dura necesita todavía más controles
Gabriel Aguilar había explicado públicamente el rumbo que pretende imprimir al sistema penitenciario. Ha hablado de uniformar a los privados de libertad, establecer un régimen de “cero ocio” y acercar el sistema costarricense al modelo aplicado en El Salvador. En esa misma exposición afirmó que los derechos humanos son “innegociables”, pero también sostuvo que Costa Rica no está para “ponernos suavecitos, ni blandengues”.
La discusión no debería reducirse a escoger entre derechos humanos y seguridad. Una democracia necesita ambos. La verdadera prueba aparece precisamente cuando respetar los derechos resulta impopular.
Si los derechos humanos son innegociables, entonces también deben serlo para “Macho Coca”, para “Compadre”, para Celso Gamboa y para cualquier persona condenada por el peor delito imaginable. No porque la sociedad tenga que sentir compasión por ellos, sino porque permitir que el Estado decida quién merece conservar determinados derechos significa concederle una facultad que mañana puede utilizar con otros criterios.
Una persona condenada pierde su libertad durante el período establecido por un tribunal. No entrega su cuerpo para recibir castigos que no fueron incluidos en la sentencia. Esa diferencia separa una prisión administrada por un Estado de derecho de un centro donde el castigo depende de la voluntad de quienes tienen las llaves.
Costa Rica necesita máxima seguridad. Pero precisamente porque una cárcel de máxima seguridad concentra un enorme poder estatal, necesita también máxima vigilancia sobre quienes la administran.
¿Y si quienes tienen las armas tampoco son todos confiables?
Hay otro elemento costarricense que vuelve todavía más urgente esta discusión. Un informe de inteligencia de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal, conocido públicamente este mes, señaló a más de cien oficiales por presuntos vínculos con actividades del crimen organizado. Según la información publicada, los señalamientos incluyen narcotráfico, contrabando y trata de migrantes, y algunos agentes habrían proporcionado apoyo logístico para cargamentos de droga o coordinado aterrizajes clandestinos. El ministro de Seguridad, Gerald Campos, reconoció la existencia del documento y posteriormente fue remitido a la Fiscalía.
Esto cambia profundamente la pregunta sobre cuánto poder debe entregarse sin controles a las estructuras estatales.
Costa Rica necesita policías fuertes para enfrentar al crimen organizado, pero simultáneamente enfrenta indicios de que el crimen organizado intenta penetrar precisamente esas instituciones. Si existe esa amenaza, aumentar facultades coercitivas sin fortalecer paralelamente la fiscalización, la investigación independiente y la responsabilidad individual puede producir exactamente el efecto contrario al buscado.
Las armas del Estado, las patrullas, los sistemas de información, las bases de datos y las capacidades de vigilancia pertenecen a la República. Cuando un funcionario corrupto accede a ellas, el problema deja de ser únicamente que exista un policía deshonesto. El problema es que una estructura criminal puede obtener acceso indirecto a herramientas construidas y financiadas por los propios ciudadanos.
Por eso resulta contradictorio pensar que cuestionar los controles debilita a la policía. Es exactamente al contrario. Los controles protegen a los policías honestos de compartir instituciones, información, vehículos, armas y responsabilidades con quienes eventualmente puedan estar trabajando para organizaciones criminales.
El poder construido hoy será heredado mañana
Aquí aparece el problema que trasciende al actual Gobierno.
Una administración construye una cárcel, instala cámaras, compra tecnología, desarrolla bases de datos, crea unidades especializadas, modifica reglamentos y amplía facultades policiales. Después llegan las elecciones y quienes diseñaron esas políticas abandonan sus cargos.
La infraestructura no desaparece.
Las cámaras continúan funcionando, las bases de datos conservan información, las cárceles permanecen en pie, los organismos policiales continúan operando y las facultades legales pasan a manos de los siguientes gobernantes.
Por eso no importa si una persona confía completamente en la presidenta Laura Fernández, en Rodrigo Chaves, en Gabriel Aguilar o en cualquier funcionario actual. Tampoco importa si los considera una amenaza. La democracia no puede diseñarse alrededor de la confianza personal en quienes temporalmente ocupan el poder.
Los controles constitucionales existen precisamente porque ningún costarricense sabe quién ocupará Casa Presidencial dentro de veinte años.
La pregunta correcta, entonces, no es si confiamos en quienes tienen hoy las llaves. Debemos preguntarnos si entregaríamos exactamente las mismas cárceles, sistemas de vigilancia, bases de datos y facultades coercitivas al peor déspota que pudiera llegar algún día al poder.
Si la respuesta es no, los límites deben construirse ahora.
El Helicoide no comenzó siendo una cárcel de tortura
La historia de Venezuela ofrece una imagen que debería resultar particularmente incómoda.
En Caracas se levanta El Helicoide, una gigantesca estructura concebida durante la década de 1950 como un extraordinario centro comercial. Representaba modernidad, desarrollo y una visión futurista de la ciudad. Nadie necesitó construir décadas después un edificio llamado “centro de tortura”. La estructura ya existía.
Cambió el país, cambiaron los gobiernos y cambió su utilización.
El Helicoide terminó convertido en sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, y organismos internacionales comenzaron a documentar allí detenciones políticas, torturas, aislamiento y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas mantiene documentadas graves violaciones relacionadas con detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tortura en Venezuela.
La comparación no significa que una cárcel costarricense sea El Helicoide ni que Costa Rica sea Venezuela. Esa no es la advertencia.
La advertencia es mucho más profunda: las estructuras no tienen ideología y tampoco saben quién ocupará sus celdas.
El edificio permanece. Quien decide para qué utilizarlo es el poder.
Cuando cambia quién es considerado enemigo
El deterioro venezolano tampoco quedó limitado al encarcelamiento de delincuentes violentos. Con el tiempo, organizaciones internacionales comenzaron a documentar persecución contra opositores, dirigentes sociales, sindicalistas, periodistas, defensores de derechos humanos y otros ciudadanos considerados adversarios.
Los datos recientes permiten observar hasta dónde llegó ese proceso. PROVEA documentó durante 2025 un total de 95 casos de desaparición forzada con 160 víctimas. Eso representó un aumento del 196 % respecto de 2024. La organización determinó además que el 91 % de las desapariciones forzadas registradas tenía motivación política y que algunas personas permanecieron desaparecidas durante más de cien días.
El mismo informe describe un espacio cívico sometido a crecientes restricciones y señala que la represión durante 2025 se volvió más selectiva contra líderes sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos. También atribuye participación relevante en las detenciones a organismos militares, policiales y de inteligencia.
Ahí aparece la verdadera enseñanza histórica. Un sistema capaz de detener, vigilar e incomunicar personas no pregunta por sí mismo si el ciudadano es narcotraficante, periodista o dirigente social. Esa decisión la toman quienes controlan el sistema.
Cuando cambia la definición política del enemigo, las herramientas pueden seguir siendo exactamente las mismas.
La vigilancia de ciudadanos no puede convertirse en normalidad
Por eso Costa Rica también debe prestar atención a cualquier utilización de estructuras estatales para observar ciudadanos por reunirse, organizarse, manifestarse o cuestionar al poder. La inteligencia criminal es indispensable para perseguir organizaciones delictivas; la vigilancia política de ciudadanos pertenece a otra categoría completamente diferente.
Un Estado democrático puede investigar a una persona cuando existen razones legales para hacerlo. Lo que no debería normalizarse es que participar en una reunión, pertenecer a una organización ciudadana, asistir a una protesta o expresar oposición convierta a alguien en objeto de seguimiento estatal.
Las bases de datos tampoco son inocentes cuando desaparecen los controles. Una lista de personas, fotografías de asistentes, relaciones entre ciudadanos, teléfonos, movimientos y lugares de reunión puede parecer información irrelevante mientras gobierna una administración democrática. En manos de un régimen autoritario constituye un mapa extraordinariamente útil para saber quién organiza, quién dirige, quién financia, quién comunica y dónde encontrarlo.
Ese mecanismo tampoco necesita aparecer completamente desarrollado desde el principio. Basta con acostumbrar a la sociedad a que determinadas personas merecen ser observadas porque incomodan.
No podemos olvidar el Caso Upad y el allanamiento de Casa Presidencial de Costa Rica.
Costa Rica ya está discutiendo los límites del poder
Todo esto ocurre además en un momento particularmente sensible para las instituciones costarricenses. El pasado 6 de agosto cientos de ciudadanos participaron en una manifestación en defensa de la independencia del Poder Judicial, en medio de una confrontación política relacionada con reformas, presupuesto y cuestionamientos hacia autoridades judiciales. Entre los participantes había organizaciones sociales, sectores universitarios, representantes políticos y ciudadanos sin afiliación partidaria.
Ese contexto importa porque el Poder Judicial, la Fiscalía y los tribunales constituyen precisamente algunos de los contrapesos destinados a investigar abusos cometidos desde cualquier otra estructura estatal.
Una sociedad que pretende combatir el crimen organizado mientras simultáneamente aparecen sospechas de infiltración criminal dentro de cuerpos policiales necesita un Poder Judicial más fuerte, no uno sometido al poder político. Una sociedad que recibe denuncias de presunta tortura dentro de una cárcel necesita fiscales capaces de investigar sin preguntarse si hacerlo molestará al ministro responsable del sistema penitenciario.
Los contrapesos no son obstáculos para gobernar. Son obstáculos para abusar.
El despertar social debe ocurrir mientras todavía existen los contrapesos
El mayor error sería esperar hasta que la posible víctima sea alguien con quien podamos identificarnos.
Hoy puede resultar fácil ignorar una denuncia porque proviene de un supuesto narcotraficante. Mañana podría tratarse de un periodista. Después de un empresario incómodo, un dirigente comunal, un sindicalista, un estudiante o un manifestante. Algún día podría ser simplemente una persona que asistió a una reunión donde se cuestionó al Gobierno.
La advertencia no consiste en afirmar que eso ocurrirá. Consiste en comprender que puede ocurrir cuando las herramientas existen y desaparecen los controles.
Las democracias no siempre desaparecen mediante soldados tomando un palacio presidencial. También pueden deteriorarse cuando la población acepta excepciones sucesivas porque cada una parece tener una justificación razonable, cuando comienza a considerar innecesarios los contrapesos, cuando tolera abusos porque afectan a personas impopulares y cuando descubre demasiado tarde que las facultades entregadas al Estado también pueden aplicarse contra ciudadanos comunes.
Costa Rica necesita enfrentar al narcotráfico con toda la fuerza disponible dentro del Estado de derecho. Necesita cárceles de máxima seguridad, pero también máxima fiscalización sobre ellas. Necesita policías capaces de enfrentar organizaciones criminales, pero también mecanismos capaces de expulsar y procesar a quienes eventualmente trabajen para esas mismas organizaciones. Necesita inteligencia, pero debe impedir que la inteligencia criminal se convierta algún día en vigilancia política.
Y necesita fiscales y jueces suficientemente independientes para investigar incluso cuando hacerlo incomode al Gobierno.
Las denuncias de “Macho Coca” y “Compadre” deben investigarse. Si mintieron, deberá establecerse. Si fueron torturados, también deberá establecerse quién lo hizo, quién lo permitió y hasta dónde llegan las responsabilidades. El delito atribuido a quien denuncia no puede decidir si el Estado investiga una posible tortura.
La experiencia venezolana debería servir precisamente para evitar llegar al punto en que reaccionar resulte demasiado tarde. El Helicoide demuestra que una estructura puede sobrevivir a su propósito original. Las desapariciones forzadas demuestran lo que ocurre cuando los organismos de seguridad terminan siendo utilizados contra quienes el poder considera adversarios. El aumento documentado de estas prácticas demuestra además que, una vez normalizadas, pueden crecer rápidamente.
Costa Rica todavía tiene la posibilidad de discutir estas cosas públicamente, manifestarse, investigar a sus autoridades, acudir a los tribunales, publicar denuncias y exigir explicaciones. Esa posibilidad es precisamente lo que debemos proteger.
No deberíamos esperar hasta que desaparezca.
Porque las cárceles que construimos hoy permanecerán después de que cambien presidentes y ministros. Las tecnologías de vigilancia también. Las armas del Estado seguirán existiendo y las facultades que entreguemos a las instituciones serán heredadas por personas que todavía ni siquiera conocemos.
La historia ya mostró las consecuencias de permitir que el poder crezca mientras la sociedad permanece indiferente porque las primeras víctimas no le importan.
El momento de despertar no es cuando el ciudadano que piensa diferente entra en la cárcel. Es cuando todavía podemos impedir que pensar diferente llegue algún día a convertirse en motivo para terminar dentro de ella.