Caso Magnitsky una alerta sobre uso de tecnología del Mossad en Hacienda Costa Rica
El anuncio del Gobierno de Costa Rica de que el Ministerio de Hacienda analiza tecnologías desarrolladas por el Mossad para combatir la evasión fiscal y el contrabando introduce al país en un terreno donde las capacidades tecnológicas pueden ser tan importantes como los controles establecidos para utilizarlas. La experiencia internacional demuestra que herramientas creadas para perseguir delitos pueden representar un riesgo cuando las instituciones encargadas de operarlas son penetradas por estructuras criminales. Uno de los antecedentes más documentados para entender ese peligro ocurrió en Rusia y terminó dando nombre a una de las principales legislaciones internacionales contra la corrupción y las violaciones de derechos humanos, el caso Magnitsky.
El 24 de junio de 2026, durante una conferencia de prensa del Poder Ejecutivo, el Gobierno costarricense anunció que Hacienda contemplaba utilizar tecnología desarrollada en Israel. La explicación ofrecida públicamente fue concreta. El entonces ministro señaló que vendrían “tecnologías desarrolladas por el Mossad en Israel” destinadas a detectar contrabando relacionado con las importaciones y fortalecer la lucha contra la evasión fiscal. Sin embargo, el anuncio no identificó el programa, la empresa que lo comercializaría, su costo, sus capacidades técnicas ni las bases de datos que eventualmente podría consultar.
La ausencia de esos detalles generó solicitudes de información al Ministerio de Hacienda. El asunto llegó posteriormente a la Sala Constitucional, que declaró con lugar un recurso de amparo y ordenó responder las consultas planteadas sobre esa tecnología. Hacienda terminó indicando en agosto que se encontraba en una etapa de análisis de alternativas tecnológicas y que todavía no existía una herramienta definida. La información disponible hasta ahora, por tanto, no permite afirmar que Costa Rica haya comprado un determinado sistema ni identificar a una empresa proveedora.
El interés anunciado por el Gobierno, sin embargo, permite analizar las capacidades que pueden encontrarse detrás de tecnologías desarrolladas para organismos de inteligencia. El Mossad cuenta oficialmente con Libertad Ventures, un fondo dedicado al desarrollo tecnológico que trabaja en campos como Big Data, ciencia de datos, inteligencia artificial, aprendizaje automático, Fintech, procesamiento de lenguaje natural y otras herramientas destinadas al procesamiento y análisis avanzado de información. El mecanismo permite financiar desarrollos privados y obtener licencias para utilizar la propiedad intelectual generada, mientras las compañías mantienen la posibilidad de explotar comercialmente sus tecnologías.
Para una administración tributaria, esas capacidades tienen aplicaciones evidentes. Un sistema avanzado de análisis de datos puede comparar importadores, proveedores extranjeros, mercancías, valores declarados, sociedades, representantes legales, historiales comerciales y otras variables para detectar anomalías que serían difíciles de identificar mediante una revisión manual. La inteligencia artificial puede ampliar esa capacidad buscando patrones repetidos dentro de millones de registros y estableciendo relaciones entre operaciones aparentemente independientes.
Precisamente esa capacidad convierte los controles institucionales en un elemento fundamental. Una herramienta capaz de reconstruir redes económicas puede utilizarse para localizar estructuras dedicadas al contrabando, fraude tributario o lavado de dinero. Pero la experiencia internacional demuestra que el escenario cambia radicalmente cuando quienes participan del crimen consiguen penetrar las instituciones encargadas de investigar esas actividades. El caso de Sergei Magnitsky constituye uno de los ejemplos internacionales mejor documentados.
Cuando el sistema tributario terminó dentro de una estructura criminal
Magnitsky era un asesor tributario ruso que investigó un complejo esquema mediante el cual empresas vinculadas con el fondo Hermitage Capital fueron apropiadas fraudulentamente y utilizadas posteriormente para solicitar enormes devoluciones fiscales. Documentos judiciales estadounidenses y europeos reconstruyeron cómo las compañías fueron reinscritas mediante procedimientos fraudulentos y utilizadas para obtener devoluciones tributarias equivalentes a aproximadamente 230 millones de dólares.
Lo particularmente relevante del caso no fue únicamente la magnitud del fraude. Las investigaciones determinaron la participación de funcionarios públicos dentro del mecanismo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos documentó que funcionarios corruptos de oficinas tributarias aprobaron las devoluciones fraudulentas. Investigaciones posteriores y documentos del Consejo de Europa describieron una estructura donde aparecían delincuentes junto con funcionarios tributarios y miembros de organismos estatales.
El mecanismo mostraba un escenario diferente al modelo tradicional de delincuentes intentando engañar al Estado desde afuera. En este caso, partes de la propia estructura estatal habían sido utilizadas para facilitar operaciones criminales. Las herramientas legales, tributarias y administrativas que normalmente deberían proteger los recursos públicos terminaron siendo necesarias para ejecutar el fraude.
Magnitsky investigó esas operaciones y denunció públicamente la participación de funcionarios. Posteriormente fue detenido. Permaneció encarcelado durante casi un año y murió el 16 de noviembre de 2009. Su muerte y las circunstancias que rodearon la investigación desencadenaron una reacción internacional que terminó convirtiendo su apellido en referencia mundial para legislaciones destinadas a sancionar corrupción grave y violaciones de derechos humanos.
El caso muestra por qué la infiltración criminal dentro de una administración tributaria representa un problema que supera ampliamente la evasión fiscal. Una institución como Hacienda posee información sobre patrimonio, empresas, sociedades, actividades comerciales, importaciones, obligaciones tributarias y relaciones económicas. Cuando esa información se combina con tecnologías capaces de procesar grandes cantidades de datos y establecer relaciones automáticamente, aumenta considerablemente la capacidad institucional para descubrir redes.
La misma capacidad puede cambiar de dirección
El funcionamiento tecnológico no distingue por sí mismo entre una investigación legítima y una búsqueda abusiva. Los sistemas procesan los objetivos, bases de datos y parámetros que reciben de sus operadores. Una herramienta diseñada para determinar cuáles personas están relacionadas con una red de contrabando puede emplear técnicas similares a las necesarias para reconstruir las relaciones económicas alrededor de cualquier otra persona seleccionada, dependiendo de las bases de datos y permisos disponibles.
Por esta razón, una eventual infiltración criminal representa un riesgo distinto cuando la institución comprometida dispone de herramientas avanzadas de inteligencia. El acceso ilícito podría permitir conocer sociedades relacionadas, movimientos comerciales, proveedores, patrimonio, operaciones de importación y conexiones económicas de personas o empresas. El alcance real dependería de las funciones específicas del programa y de las bases de datos a las cuales estuviera autorizado a ingresar.
El riesgo adquiere otra dimensión para periodistas de investigación, denunciantes, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales. Una investigación periodística sobre corrupción normalmente depende de fuentes que pueden encontrarse dentro del propio Estado, empresas privadas, cuerpos policiales o instituciones financieras. Si una estructura criminal infiltrada tuviera acceso indebido a sistemas capaces de reconstruir relaciones económicas o personales, podría intentar identificar vínculos alrededor de quienes investigan sus actividades. Esto no significa que la tecnología anunciada por Hacienda posea actualmente esas capacidades ni que esté siendo utilizada con ese propósito; significa que conocer sus límites técnicos y controles resulta indispensable para determinar el riesgo.
El precedente Magnitsky demuestra además que el problema puede avanzar más allá del acceso a información. Cuando diferentes instituciones son penetradas simultáneamente, una estructura criminal puede utilizar procedimientos administrativos y legales que originalmente fueron creados para perseguir delitos. En Rusia, las investigaciones internacionales documentaron cómo instituciones estatales terminaron formando parte del funcionamiento de una operación criminal mientras quien investigaba los hechos terminó privado de libertad.
Pegasus aparece en otro debate, pero no está vinculado a Hacienda
La discusión costarricense adquirió una dimensión adicional en agosto cuando la palabra Pegasus apareció dentro de la Asamblea Legislativa durante el debate sobre información declarada secreto de Estado en materia de seguridad. La diputada oficialista Kattia Calvo habló de una “operación Pegasus”, aunque posteriormente negó que estuviera haciendo referencia al conocido programa israelí de espionaje desarrollado por NSO Group.
Hasta el momento no existe evidencia pública que demuestre que Costa Rica compró Pegasus, que Hacienda esté considerando Pegasus o que NSO Group sea proveedor del Gobierno costarricense. Vincular directamente ambos asuntos como una contratación comprobada excedería la información disponible.
Pegasus resulta relevante únicamente para comprender hasta dónde ha avanzado internacionalmente la tecnología israelí utilizada por gobiernos. Investigaciones forenses de Citizen Lab y Amnesty International han documentado infecciones o intentos de infección contra periodistas, defensores de derechos humanos y otras personas en diferentes países. El sistema puede comprometer teléfonos y obtener información de dispositivos seleccionados, pero pertenece a NSO Group y no existe prueba pública de que corresponda a la tecnología anunciada por Hacienda.
Tampoco toda tecnología vinculada con antiguos integrantes del Mossad tiene funciones de espionaje. Empresas como XM Cyber, fundada entre otros por el exdirector del Mossad Tamir Pardo, desarrollan sistemas orientados principalmente a encontrar vulnerabilidades dentro de infraestructuras informáticas. La procedencia israelí o la vinculación de sus desarrolladores con organismos de inteligencia no permite, por sí sola, determinar qué función cumple un producto.
La información que Costa Rica todavía necesita conocer
El elemento pendiente en Costa Rica continúa siendo la identificación de la tecnología mencionada públicamente por el Gobierno. Hacienda manifestó posteriormente que se encuentra analizando alternativas y que todavía no existe una herramienta definida. Mientras esa situación se mantenga, no puede determinarse qué información procesaría el sistema, cuáles instituciones podrían consultarlo, qué funcionarios tendrían acceso ni qué controles impedirían búsquedas injustificadas.
Para determinar los riesgos reales será necesario conocer el proveedor seleccionado, las funciones del programa, las bases de datos que podrá consultar, los mecanismos utilizados para autorizar búsquedas, los registros de auditoría que dejará cada consulta, los funcionarios autorizados, los procedimientos para investigar accesos indebidos y las posibilidades técnicas de reutilizar la información obtenida para finalidades diferentes a la lucha contra la evasión y el contrabando.
También será determinante establecer si los controles dependen exclusivamente de la institución que utiliza la plataforma o si existirán mecanismos externos e independientes de fiscalización. Una herramienta que registre quién realizó cada consulta, qué persona fue investigada, cuál funcionario autorizó la búsqueda y qué información fue extraída permite establecer responsabilidades posteriores. Un sistema sin esa trazabilidad aumenta el riesgo de que accesos indebidos sean difíciles de detectar.
El caso Magnitsky no demuestra que algo semejante esté ocurriendo en Costa Rica y tampoco demuestra que la tecnología anunciada por Hacienda vaya a utilizarse indebidamente. Lo que sí proporciona es un precedente documentado sobre las consecuencias que puede alcanzar la infiltración criminal cuando logra penetrar instituciones tributarias y otras estructuras del Estado.
Costa Rica todavía se encuentra, según la última respuesta conocida de Hacienda, en una etapa de análisis. Precisamente por encontrarse antes de una eventual adquisición, las características técnicas, controles, auditorías y límites de acceso pueden conocerse y discutirse antes de que una plataforma de esta naturaleza concentre información estatal.
La pregunta que permanece abierta no es solamente qué tecnología desarrollada por el Mossad podría adquirir Hacienda para encontrar evasores y contrabandistas. El precedente internacional obliga también a determinar qué mecanismos impedirían que esa misma capacidad termine algún día en manos de las personas que fue diseñada para perseguir.
