La DIS no necesita un amigo del poder, ¡necesita un experto en inteligencia!

Costa Rica se encuentra en uno de los momentos más delicados de su historia reciente y, paradójicamente, buena parte de la discusión pública parece incapaz de comprender la magnitud del desafío que enfrenta el país. Mientras las cifras de homicidios rompen récords históricos, mientras las autoridades reconocen la expansión de organizaciones criminales con capacidad transnacional, mientras el narcotráfico deja de ser una actividad de tránsito para convertirse en una estructura con poder económico e influencia territorial dentro de nuestras fronteras, la discusión sobre quién dirige la inteligencia nacional parece reducirse a consideraciones políticas que pertenecen a una realidad que ya no existe.

La designación de Pablo Martínez Bertozzi como director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional no debería analizarse desde la simpatía o antipatía que pueda generar su nombre. Tampoco desde sus creencias personales ni desde aspectos ajenos al ejercicio de la función pública. La pregunta relevante es mucho más simple y, precisamente por ello, más incómoda: ¿es este el perfil que necesita la principal agencia de inteligencia del Estado costarricense en medio de la transformación más profunda que ha experimentado la seguridad nacional en décadas?

Durante mucho tiempo Costa Rica vivió bajo la convicción de que ciertas amenazas eran problemas de otros países. Mientras Colombia enfrentaba el poder de los carteles, mientras México se desangraba en una guerra contra estructuras criminales cada vez más sofisticadas y mientras distintas naciones latinoamericanas observaban cómo el narcotráfico penetraba instituciones públicas, la sociedad costarricense continuó aferrada a la idea de que la estabilidad democrática constituía una especie de barrera natural contra esos fenómenos. Aquella percepción pudo haber tenido algún sustento histórico, pero hoy resulta imposible sostenerla sin ignorar deliberadamente la realidad.

Las cifras hablan por sí mismas. Hace apenas una década Costa Rica rondaba cifras de homicidios que oscilaban entre quinientos y seiscientos casos anuales. Hoy el país ha superado ampliamente esos niveles y ha registrado años con más de ochocientos asesinatos. No se trata únicamente de una diferencia estadística. Detrás de esos números existe una transformación estructural. Los homicidios no son la enfermedad; son el síntoma visible de un fenómeno mucho más profundo. Son la manifestación más evidente de la consolidación de organizaciones criminales que disputan territorios, controlan rutas, administran recursos económicos y operan con una capacidad logística que habría sido impensable hace apenas unas décadas.

Sin embargo, incluso esa violencia visible representa apenas una parte del problema. El verdadero peligro para un Estado no surge únicamente cuando aparecen cadáveres en las calles. El verdadero peligro surge cuando las organizaciones criminales adquieren la capacidad de infiltrarse en instituciones, comprar voluntades, acceder a información sensible y construir redes de influencia que les permitan operar desde las sombras. Esa es la amenaza que históricamente ha precedido la degradación de las democracias en distintas partes del mundo. Y esa es precisamente la clase de amenaza que una agencia de inteligencia debería ser capaz de detectar antes de que se convierta en una crisis nacional.

El país ya vivió un episodio que expuso con crudeza la importancia de contar con mecanismos de inteligencia capaces de identificar riesgos antes de que se conviertan en crisis institucionales. En 2013, la entonces presidente Laura Chinchilla abordó una aeronave facilitada por un empresario que posteriormente fue vinculado públicamente a investigaciones relacionadas con el narcotráfico internacional. El escándalo no solo provocó cuestionamientos políticos, sino que abrió una discusión mucho más profunda sobre los filtros, verificaciones y análisis que debían existir alrededor de la seguridad presidencial. Si la principal autoridad política del país podía terminar utilizando una aeronave asociada a personas bajo sospecha, la pregunta inevitable era qué había fallado en los sistemas encargados de anticipar ese riesgo antes de que se materializara.

Años después, el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) volvió a colocar a la inteligencia estatal bajo el escrutinio público, aunque desde una perspectiva distinta. La controversia no giró alrededor de la incapacidad para detectar una amenaza externa, sino sobre los límites que deben existir cuando el Estado recopila, procesa y analiza información de los ciudadanos. Más allá de las consecuencias judiciales y políticas del caso, la discusión dejó una lección institucional que sigue siendo vigente: la inteligencia democrática requiere algo más que acceso a información. Requiere profesionalismo, criterios técnicos, controles rigurosos y una comprensión clara de su misión. Sin esos elementos, la inteligencia corre el riesgo de perder legitimidad ante la ciudadanía y de alejarse precisamente del propósito para el cual fue creada.

Costa Rica tampoco puede alegar desconocimiento. En los últimos años han surgido investigaciones relacionadas con funcionarios judiciales señalados por favorecer estructuras criminales, advertencias sobre intentos de infiltración en cuerpos policiales y crecientes preocupaciones sobre la capacidad del crimen organizado para acercarse a espacios estratégicos del aparato estatal. Paralelamente, el país ha observado cómo algunos de los mayores escándalos de corrupción de su historia revelaban redes complejas de influencia que operaron durante largos períodos antes de ser descubiertas. ICE-Alcatel, Caja-Fischel, el Cementazo, Cochinilla y Diamante son casos distintos entre sí, pero comparten una característica inquietante: todos fueron descubiertos cuando el daño institucional ya estaba hecho.

Esa realidad debería provocar una reflexión incómoda. Costa Rica ha demostrado una enorme capacidad para investigar problemas después de que explotan. Tiene fiscales, jueces, periodistas y órganos de control capaces de reconstruir los hechos una vez que el escándalo ocupa las portadas. Lo que no ha demostrado con la misma eficacia es una capacidad equivalente para anticipar amenazas antes de que estas produzcan consecuencias. Y esa diferencia es precisamente la razón por la cual existen los organismos de inteligencia.

La inteligencia no fue concebida para administrar crisis políticas. No fue creada para acompañar estrategias de comunicación gubernamental. Tampoco para convertirse en una oficina de confianza al servicio del poder de turno. Su función consiste en observar aquello que todavía no es evidente para los demás. Identificar patrones invisibles. Interpretar señales débiles. Comprender amenazas emergentes. Conectar hechos aparentemente aislados. Anticipar escenarios que todavía no aparecen en los titulares de prensa.

Cuando se observa la evolución de América Latina durante las últimas décadas, la importancia de esa función resulta todavía más evidente. El crimen organizado dejó de ser una actividad limitada al tráfico de drogas. Hoy hablamos de organizaciones capaces de participar en lavado de dinero, corrupción pública, tráfico de personas, ciberdelincuencia, manipulación financiera y operaciones transnacionales que atraviesan fronteras con una facilidad que los Estados muchas veces no logran igualar. Al mismo tiempo, la región enfrenta nuevas tensiones geopolíticas derivadas de la competencia entre grandes potencias, el crecimiento de amenazas híbridas y la utilización de herramientas tecnológicas que han transformado por completo la naturaleza de la seguridad nacional.

Dirigir una agencia de inteligencia en este contexto exige algo más que habilidades políticas. Exige conocimiento especializado. Exige experiencia en análisis estratégico. Exige comprensión de fenómenos criminales complejos. Exige capacidad para interpretar riesgos que rara vez se presentan de forma evidente. Exige entender que las amenazas modernas no siempre utilizan uniformes, no siempre cruzan fronteras de manera visible y no siempre se anuncian antes de actuar.

Por eso resulta inevitable observar con atención la información pública disponible sobre el nuevo director de la DIS. Casa Presidencial ha destacado su experiencia en asesoría política y estratégica, así como su participación en asuntos de alta sensibilidad para el Estado y procesos de coordinación interinstitucional. Nadie discute que esas funciones pueden resultar valiosas dentro de una administración pública. Lo que sí resulta legítimo cuestionar es si esas credenciales responden al perfil que requiere una institución cuya razón de ser consiste en producir inteligencia estratégica para proteger la seguridad nacional.

La pregunta no es si Pablo Martínez Bertozzi es una persona capaz. Tampoco si posee cualidades que puedan convertirlo en un funcionario eficiente dentro de otras áreas de la administración pública. La pregunta es si el Estado costarricense está enviando el mensaje correcto cuando coloca al frente de su principal agencia de inteligencia a una persona cuya experiencia pública conocida está asociada principalmente a la asesoría política y no al ejercicio profesional de la inteligencia.

La historia reciente de la propia DIS debería servir como advertencia. El organismo ha estado vinculado a controversias que han generado cuestionamientos sobre sus prioridades, sus mecanismos de control y su capacidad para cumplir eficazmente con la misión que justifica su existencia. El episodio relacionado con la aeronave utilizada por la entonces presidenta Laura Chinchilla expuso interrogantes sobre los sistemas de análisis y verificación que debían proteger la seguridad presidencial. Años después, el caso UPAD volvió a colocar sobre la mesa el debate sobre los límites, responsabilidades y controles que deben acompañar cualquier estructura estatal con capacidad de recopilar y analizar información sensible. Ninguno de esos episodios fue idéntico. Pero ambos dejaron una lección común: la inteligencia no admite improvisaciones.

Tal vez el verdadero problema no sea Pablo Martínez Bertozzi. Tal vez el verdadero problema sea que el poder político sigue observando la inteligencia como una extensión de la administración gubernamental y no como una disciplina especializada cuya importancia aumenta en la misma proporción en que aumentan las amenazas contra el Estado. Porque mientras Costa Rica enfrenta organizaciones criminales más sofisticadas, mayores riesgos de infiltración institucional, crecientes desafíos regionales y un entorno geopolítico cada vez más complejo, el país necesita algo más que operadores políticos eficientes. Necesita profesionales capaces de comprender fenómenos que la mayoría de la sociedad ni siquiera alcanza a percibir.

Las democracias no suelen fracasar porque ignoren las amenazas una vez que estas se vuelven evidentes. Fracasan porque durante demasiado tiempo confunden lealtad con capacidad, cercanía con experiencia y confianza política con conocimiento especializado. La inteligencia nacional constituye una de las últimas líneas de defensa de la República frente a amenazas que operan silenciosamente y que rara vez anuncian su llegada. Precisamente por eso el país tiene derecho a exigir que quienes la dirigen posean una preparación acorde con la magnitud del desafío.

Porque la DIS no necesita un amigo del poder.

Necesita un experto en inteligencia.