El riesgo detrás del polígrafo impulsado por Laura Fernández
La decisión de la presidenta Laura Fernández de impulsar pruebas de polígrafo para ministros, mandos policiales y funcionarios públicos colocó nuevamente al llamado “detector de mentiras” en el centro de la discusión política nacional.
La propuesta fue presentada como parte de una estrategia contra el crimen organizado y la infiltración dentro de las instituciones del Estado. Sin embargo, el anuncio también abre preguntas sobre el verdadero alcance de una herramienta que durante años ha estado rodeada de controversia por su capacidad para determinar si una persona miente o no.
El polígrafo no detecta mentiras de forma directa. El examen registra cambios fisiológicos como respiración, presión arterial y sudoración, partiendo de la idea de que una persona bajo tensión podría estar ocultando información. El problema es que esas mismas reacciones también pueden aparecer por miedo, ansiedad, estrés o presión psicológica.
Más allá de la discusión técnica, el principal riesgo aparece en el terreno político y social. Cuando un gobierno presenta el polígrafo como mecanismo de control o validación, parte de la población puede interpretar que un funcionario que “aprueba” la prueba es automáticamente confiable.
Esa percepción puede convertirse en una herramienta de legitimación pública. Un resultado favorable podría utilizarse para fortalecer imagen política, reducir cuestionamientos o transmitir sensación de transparencia, aun cuando el examen no sustituya investigaciones judiciales, auditorías ni pruebas verificables.
En el contexto actual de Costa Rica, marcado por preocupación creciente sobre crimen organizado y corrupción institucional, el impacto simbólico de este tipo de medidas puede ser incluso más fuerte que su efectividad real.
La discusión de fondo no se limita al uso de una máquina. También involucra el riesgo de que la confianza pública comience a construirse sobre mecanismos cuya interpretación depende más de percepción que de evidencia concluyente.
Mientras el gobierno presenta el polígrafo como parte de una estrategia de seguridad, la polémica gira alrededor de una pregunta más profunda: si aprobar una prueba de este tipo puede terminar convirtiéndose, ante la opinión pública, en un certificado político de honestidad.
