El próximo 15 de julio, la empresa española que ejecuta la Revisión Técnica Vehicular (Riteve) dejará de brindar su servicio, esto luego de que la Contraloría General de la República (CGR) rechazara ampliar el contrato con dicha compañía, aduciendo varios aspectos, entre ellos «la variación del modelo de negocio respecto de la donación de estaciones y equipo de dichas estaciones»
Ante este panorama, y entendiendo el impacto positivo que ha tenido la revisión técnica vehicular durante los últimos 20 años en el país, el diputado del Partido Liberación Nacional, Gilberth Jiménez Siles, presentó una iniciativa de Ley, que, se tramita bajo el expediente 23 147 y que propone un cambio en la administración de este servicio, pasando a un modelo de cogestión cooperativa y que se denominaría como «COOPERTV R.L.»
Este tipo de modelo involucraría la participación del Estado a través de sus instituciones, organismos del movimiento cooperativo, la sociedad civil y empresarios afines al servicio. Eso lograría una figura de prestación de servicios robusta con los elementos que se requieren de experiencia, financiamiento y control.
Dentro del planteamiento, se contempla mantener una revisión técnica vehicular con altos estándares, pues el proyecto señala que quienes hoy brindan el servicio, y ya cuentan con la capacidad operativa y administrativa,
podrían continuar ofreciendo el servicio, eso sí, con mayores beneficios, pues estos más de 500 colaboradores que hoy tiene la empresa española, podrían pasar a ser dueños de sus propios negocios.
Sin duda alguna, uno de los puntos que más destaca en el proyecto, es la disminución que debería tener el servicio para el consumidor final, esto debido a que en la figura de cogestión cooperativa, el Estado costarricenses, estaría aportando los equipos de trabajo e instalaciones de los 17 centros de atención que existen actualmente de Riteve (entre inmuebles físicos y estaciones móviles) lo que generaría la posibilidad de contar con una rebaja en el precio final de la revisión técnica vehicular pues la cooperativa no estaría incurriendo en ese tipo de gastos.
La iniciativa indica que se deberá dar por 15 años la administración del servicio a la cooperativa y podría extenderse por un plazo igual.
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