¿Y si una denuncia por corrupción en el Ministerio Público llegara a la DEA?

Opinión | La posibilidad de que una denuncia por corrupción en el Ministerio Público de Costa Rica llegue hasta la DEA (Administración para el Control de Drogas de EE.UU.) puede parecer exagerada. Pero vale la pena preguntarse: ¿qué pasaría si alguien decidiera dar ese paso?

La DEA no actúa por cualquier señalamiento. Su campo de acción es claro: narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado con impacto en territorio estadounidense. No investiga irregularidades administrativas ni conflictos internos de los sistemas judiciales latinoamericanos. Pero si una denuncia demostrara que funcionarios del Ministerio Público costarricense están encubriendo o colaborando con estructuras criminales vinculadas al narcotráfico, el escenario cambia drásticamente.

En ese caso, Estados Unidos sí podría interesarse. No necesariamente con agentes tocando puertas en San José, pero sí con investigaciones silenciosas, monitoreo financiero, y eventuales sanciones contra funcionarios implicados. Ya ha pasado en otros países. La cancelación de visas, el congelamiento de cuentas o la inclusión en listas internacionales son herramientas que Washington utiliza con firmeza cuando se toca su seguridad nacional.

Esto no es una predicción, ni una afirmación de hechos. Es una advertencia. Costa Rica ha gozado por décadas de una reputación internacional como democracia sólida, con instituciones independientes. Pero si la corrupción comienza a infectar la justicia, y si el Ministerio Público deja de ser un bastión de legalidad para convertirse en una herramienta política o cómplice del crimen organizado, el país perderá mucho más que prestigio. Perderá soberanía frente a un sistema internacional que no tolera la complicidad con el narcotráfico, venga de donde venga.

La pregunta no es si la DEA va a actuar. La pregunta es por qué en Costa Rica ni siquiera se investiga lo que afuera genera sospechas.

¿Y si la corrupción fuera en el Ejecutivo y la policía llega hasta la DEA?

¿Qué pasaría si una denuncia por corrupción no solo tocara al Ministerio Público de Costa Rica, sino que también señalara al Poder Ejecutivo y a fuerzas policiales? ¿Y si esa denuncia llegara a manos de la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos?

No estamos hablando de una fantasía. Estados Unidos ha intervenido diplomática, judicial y financieramente en otros países de la región cuando altos funcionarios —incluyendo presidentes, ministros y jefes policiales— han sido vinculados al narcotráfico o al encubrimiento del crimen organizado. Y la DEA, aunque no actúa en casos de corrupción común, sí responde cuando hay evidencia de que el aparato estatal está protegiendo operaciones que afectan su seguridad nacional.

En este contexto, una denuncia bien documentada que muestre cómo fiscales, policías y figuras del Ejecutivo facilitan o encubren redes narco, puede activar una investigación internacional. No pública. No inmediata. Pero sí real. La DEA trabaja en silencio, con coordinación interagencial, y con herramientas poderosas: vigilancia electrónica, monitoreo financiero y cooperación con fiscales federales. Y si encuentra vínculos sólidos, las consecuencias llegan: cancelación de visas, congelamiento de bienes, inclusión en listas negras como la Ley Magnitsky, y aislamiento diplomático.

Para Costa Rica, esto sería un golpe sin precedentes. Un país que siempre ha presumido de institucionalidad y neutralidad no puede darse el lujo de tolerar que sus autoridades sean vistas como aliadas del crimen organizado. Porque cuando eso ocurre, las decisiones dejan de tomarse en casa, y pasan a manos extranjeras.

Este no es un hecho consumado, pero tampoco una exageración. Es una advertencia seria: si las instituciones no hacen su trabajo, otros lo harán por ellas. Y cuando la corrupción toca a quienes deberían proteger al país, lo que sigue no es solo una crisis política: es una intervención moral, financiera y, eventualmente, jurídica.