¿Y si el pueblo eligiera a los jueces? El voto judicial como salida ante la corrupción institucional

La corrupción en el Poder Judicial de Costa Rica ya no es un rumor, es una realidad denunciada repetidamente por ciudadanos, medios y organizaciones. Sin embargo, los magistrados y fiscales que deberían perseguir el delito terminan siendo blindados por un sistema que se protege a sí mismo. Los prolongados periodos de magistrados en sus cargos, muchas veces con reelecciones automáticas o bajo acuerdos políticos entre élites, no solo atentan contra la transparencia: consolidan la impunidad.

Hoy, Costa Rica debe abrir el debate sobre la necesidad de cambiar de raíz la forma en que se designa a los altos cargos judiciales. Si el sistema funcionara, no estaríamos viendo al crimen organizado infiltrando nuestras instituciones. Si el sistema funcionara, los delincuentes estarían en la cárcel y no en puestos de poder. Y si el sistema funcionara, muchos inocentes no seguirían pagando condenas mientras los culpables caminan libres.

¿Es momento de impulsar el voto judicial?
Sí. El país debe analizar seriamente la posibilidad de que la ciudadanía elija por voto directo a figuras clave como el Fiscal General, el Presidente del Poder Judicial, el jerarca de la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes. Dejar estas designaciones en manos de cúpulas políticas ha demostrado ser ineficaz, y lo que es peor, peligroso para la democracia.

Este no es un planteamiento nuevo. En otros países, figuras judiciales son elegidas por voto popular, con mecanismos de revocatoria y control ciudadano más eficaces que las actuales “audiencias” simbólicas que se hacen en Costa Rica, donde todo está negociado de antemano.

¿Y si el pueblo también juzgara la traición a la patria?
En momentos donde el Estado es penetrado por intereses oscuros, debemos comenzar a hablar también de la figura de delitos de lesa patria y traición a la patria, con consecuencias reales. Incluso debe analizarse la creación de tribunales populares con participación ciudadana directa para juzgar casos donde los intereses del país han sido traicionados por funcionarios públicos.

Puede sonar radical, pero lo verdaderamente extremo es seguir tolerando que los corruptos se salven mientras el país se desmorona.

El camino que ha tomado Costa Rica en las últimas décadas demuestra que el sistema actual no funcionó. Cambiarlo no es solo una opción: es una necesidad urgente.

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