Tribunal costarricense condena a empresas de grupo hotelero GENCOM por embargo irregular en zona de lujo del Golfo de Papagayo
Un tribunal civil de Guanacaste condenó a dos empresas del grupo hotelero estadounidense GENCOM GROUP al pago de una indemnización por mantener embargadas casi 647 hectáreas en el exclusivo Golfo de Papagayo, en Costa Rica, durante cinco años. El terreno es reclamado por el abogado costarricense Frank Paniagua, quien atribuye millonarias pérdidas por la retención.
GENCOM GROUP, conglomerado inmobiliario con sede en Brickell, Florida, y cuyo principal accionista es el ciudadano árabe-estadounidense Karim Jamal Alibhai, opera algunos de los hoteles más lujosos del país, incluyendo el Four Seasons, el Ritz Carlton y el Hyatt, todos ubicados en una de las zonas turísticas más exclusivas de Centroamérica.
Las empresas Eco Desarrollo Papagayo Ltda. y Nor Península Holding NPH Ltda., ambas vinculadas a GENCOM GROUP, fueron condenadas por el Tribunal Civil de Guanacaste al pago de aproximadamente 25 mil dólares en concepto de indemnización a Paniagua. La resolución se basó en la figura legal de caducidad, que establece la pérdida del derecho a reclamar si el demandante no responde peticiones judiciales en un plazo de seis meses.
Aunque el monto puede parecer menor, el fallo abre la posibilidad de un reclamo por daños y perjuicios millonario, ya que Paniagua asegura que perdió múltiples ofertas de compra por el terreno durante el tiempo en que estuvo embargado, lo que le generó un grave daño económico.
Paniagua mantiene además otro litigio contra el Estado costarricense, en el que reclama la propiedad de más de 700 hectáreas, incluidas zonas donde actualmente se encuentran construidas mansiones y hoteles de lujo que pueden alcanzar precios de alquiler de hasta 50 mil dólares por noche. Según el abogado, esos terrenos le fueron despojados a su familia de forma irregular durante la administración del expresidente Rodrigo Carazo, hace cinco décadas.
El caso plantea serios cuestionamientos sobre corrupción e irregularidades institucionales en la historia reciente de Costa Rica. Paniagua asegura haber documentado múltiples acciones ilegales que habrían permitido la consolidación del despojo, lo que, según afirma, pone en evidencia la fragilidad de la seguridad jurídica del país frente a intereses económicos poderosos.
Además, el caso ya está en la mira del FBI, que ha comenzado investigaciones relacionadas con denuncias similares en la región. Según se informa, el organismo federal estadounidense instó a propietarios afectados por despojos de tierras en Latinoamérica a presentar sus casos. Este llamado surgió luego de que la multinacional Xpedia fuera condenada a pagar una indemnización millonaria por comercializar hospedajes en terrenos adquiridos ilegalmente en Cuba, invocando la Ley Barton.
El abogado costarricense también espera acogerse a la Ley Magnitsky, legislación estadounidense que permite sancionar a personas extranjeras implicadas en corrupción y violaciones de derechos humanos. Esta normativa permitiría, eventualmente, perseguir judicialmente a funcionarios o empresarios vinculados al despojo de tierras incluso fuera del territorio nacional.
El conflicto no solo expone un largo historial de disputas legales por tierras en una de las regiones más cotizadas del país, sino que podría tener implicaciones diplomáticas, comerciales y legales en el ámbito internacional, sobre todo si se activa el aparato judicial estadounidense para investigar a fondo los hechos denunciados.
