Señor Presidente, ¿cuántos muertos le caben en el alma?

La pregunta no es retórica ni exagerada. Es un grito que sale desde las entrañas de un país que sangra todos los días y que observa, con dolor e impotencia, cómo el Gobierno de Rodrigo Chaves se limita a administrar estadísticas y a vender la ilusión de una seguridad que no existe.

El Ministro de Seguridad, Mario Zamora, debería haber dejado su cargo hace meses. Y con él, varios mandos medios que no solo han demostrado incapacidad, sino también tolerancia ante una realidad que desborda las calles: el crimen organizado controla territorios y sigue sumando cadáveres a la cuenta nacional. La paz social, mandato constitucional que pesa sobre los hombros del Presidente y su Ministro de Seguridad, ha sido abandonada.

Las cifras son contundentes. En lo que va del año, 514 personas han sido asesinadas. A esta misma fecha en 2024 eran 512. En San José, la violencia se disparó: 175 homicidios frente a 133 el año anterior. Puntarenas, en cambio, reporta una baja, de 100 a 69 homicidios. ¿La conclusión? Los asesinos no desaparecieron: se mudaron de zona. El crimen se mueve con libertad, mientras el Gobierno presume operativos y controles que solo existen en los comunicados oficiales.

Decisiones como el debilitamiento de los guardacostas y la caída en las incautaciones de droga refuerzan la sospecha de que cada miércoles se le vende al país un espejismo. Todo apunta a que el 2025 podría cerrar como el tercer año consecutivo de una administración que, con Mario Zamora en el Ministerio de Seguridad, no logra frenar la masacre.

La excusa de que otros delitos han bajado resulta insultante. No hay consuelo cuando 191 jóvenes de entre 18 y 29 años han sido asesinados en lo que va del año. Ni cuando 23 menores de edad y 19 víctimas colaterales se suman a una estadística que debería estremecer hasta al más frío burócrata. La Constitución, en su artículo 148, incisos 6 y 16, es clara: corresponde al Ejecutivo garantizar la paz y la seguridad. Hoy, ese mandato está en incumplimiento.

Las denuncias que señalan vínculos de policías con grupos criminales son graves y están respaldadas por arrestos realizados por el OIJ. Funcionarios de la Fuerza Pública aseguran que Inspección Policial protege a mandos medios denunciados. Y mientras tanto, Zamora permite que agentes usen pasamontañas en operativos donde se documentan abusos policiales. El silencio del Presidente y su Ministro se convierte así en complicidad.

A esto se suman irresponsabilidades que rayan en lo absurdo, como la iniciativa de permitir que policías viajen gratis en buses con uniforme. ¿Para qué? ¿Para exponerlos y facilitar que el narcotráfico identifique y amenace a sus familias? En un país sitiado por el crimen organizado, estas ocurrencias parecen diseñadas más para alimentar la demagogia que para salvar vidas.

No es la primera vez que Mario Zamora ocupa el Ministerio de Seguridad. Ya lo hizo bajo el gobierno de Laura Chinchilla. Hoy, su gestión no solo arrastra ineficacia, sino que además parece impregnada de ideologías ajenas a la misión constitucional de proteger la vida de los costarricenses. En su pecho no solo se ve el jaguar del uniforme, también se perciben símbolos de una política que se aleja del deber principal: impedir que sigan entrando más muertos en el alma de la nación.

Es importante conocer si el continuismo político de los jaguares seguirá guardando silencio ante las muertes, si continuará sin depurar los mandos altos y medios del Ministerio de Seguridad Pública, y si los llamados héroes de azul incompetentes seguirán poniendo en riesgo a los policías honestos. La impunidad, según denuncian los mismos funcionarios, envía a los acusados al refrigerador y a los denunciantes al mojón. ¿Será hoy el continuismo una amenaza de inacción frente a tantas muertes en el país?

Señor Presidente, usted es el comandante en jefe de la Fuerza Pública. El país le reclama decisiones. La pregunta, entonces, sigue en pie: ¿cuántos muertos más le caben en el alma?