¿Policías desobedientes o un poder Ejecutivo fuera de control?
Nota de opinión | En Costa Rica, los oficiales de policía están sujetos al marco legal que rige toda función pública. Esto incluye directrices claras como la prohibición de usar pasamontañas o de publicar en redes sociales portando uniforme. Sin embargo, la reiterada violación de estas órdenes plantea una duda inquietante: ¿se trata de una incapacidad para obedecer la ley o de una permisividad que viene desde arriba?
No es la primera vez que observamos comportamientos de policías que rayan en el matonismo, actuando como si la placa les otorgara impunidad. Esta actitud no solo representa una amenaza para la ciudadanía, sino que pone en riesgo a los propios policías. Un ciudadano que se sienta amenazado, y que reconozca una enemistad previa con un funcionario armado, podría interpretar legítima defensa ante un uso indebido de la fuerza.
La desobediencia de algunos oficiales no puede reducirse a simples actos individuales. Se debe analizar si hay una infiltración del crimen organizado en la Fuerza Pública, si existen policías que responden a intereses paralelos, o si la propia estructura institucional ha colapsado en materia de formación, control y jerarquía. El Ministerio de Seguridad, la Escuela Nacional de Policías, y los órganos disciplinarios, parecen estar perdiendo el control sobre los criterios básicos de autoridad.
Peor aún: cuando policías presencian agresiones de sus compañeros y no intervienen, se convierten en cómplices. Esta omisión degrada la imagen de toda la institución y siembra desconfianza en la población. ¿Quién protege al ciudadano cuando el policía “bueno” guarda silencio ante el “malo”?
Surge entonces una pregunta aún más grave: ¿qué tipo de personas están siendo reclutadas? ¿Tienen la estabilidad emocional y el criterio mínimo para ejercer un cargo armado? ¿Son simplemente incapaces de obedecer órdenes o están convencidos de tener un poder que no les corresponde?
El artículo 140 incisos 6 y 16, y el artículo 148 de la Constitución Política, establecen que la responsabilidad última recae en el Presidente de la República y en el Ministro de Seguridad. Si las órdenes no se cumplen, entonces o los subordinados han perdido toda capacidad de acatarlas, o las órdenes verdaderas son otras.
Lo cierto es que el país necesita una purga institucional. Auditorías externas, despidos, reformas estructurales y rendición de cuentas. No se puede permitir que la Fuerza Pública se transforme en un instrumento del crimen organizado o, peor aún, en la antesala de un golpe autoritario. La advertencia está sobre la mesa. Ignorarla es negligencia.
Mientras tanto, este jueves el país cerró con 414 homicidios, tres víctimas más que el año anterior a la misma fecha.
Fuente del Vídeo | CRprensa
