¿Narcoestado en construcción? El dinero sucio que amenaza la democracia costarricense

Opinión | Ante los eventos del caso de Celso Gamboa y la infiltración del crimen organizado en el Poder Judicial, el financiamiento de partidos políticos desde empresarios que lavan dinero —según lo dijo la expresidenta del BCR—, la inacción de Casa Presidencial en su momento y de la Fiscalía General de la República ante esa denuncia, así como la del exministro de Seguridad que habló de una lista de políticos vinculados al narco sudamericano.

Las revelaciones del periodista Camilo Rodríguez sobre el lavado de dinero y narcoestructuras alrededor de la institucionalidad, además de que en Guanacaste incluso se ha llegado a dejar dinero en helicópteros —dinero que no se puede contar y que se mide por pesaje—.

Y hoy lo podemos ver: el silencio del Colegio de Abogados, que incluso bajó la nota para poder ser colegiados, y el silencio de la Inspección Judicial ante denuncias por posibles prevaricatos, me hace pensar que algo está pasando con la narcopolítica, al punto de que ya se menciona a partidos políticos vinculados a dichas estructuras como el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles.

Pero hay una historia que he venido publicando hace unas semanas. Se trata del polo turístico Papagayo, cuyas denuncias del abogado Frank Paniagua indican que, mediante el ICT, se ha dado en concesión tierras que —según denuncia el abogado— fueron robadas a su padre y a su madre. El Estado podría no poder demostrar con documentos la adquisición de dichas tierras, por lo que, según manifestó el afectado, en su condición de abogado ha recibido persecución no solo del Colegio de Abogados, sino también del sistema judicial, donde incluso se le quiso llevar al hospital psiquiátrico. ¿Una forma de censurar sus denuncias?

De esto ya varios gobiernos (poder ejecutivo) tienen conocimiento, incluida la actual administración. En la historia de Estados Unidos ya se conoce la práctica de robo de propiedad privada por parte de estructuras criminales y sicarios económicos muchas veces ligados al narcotráfico y la trata de personas, quienes roban mediante la institucionalidad y manipulan la ley para despojar de propiedades, empresas y causar afectaciones judiciales a quienes pretenden defenderse. Este modus operandi fue expuesto en Rusia en 2012 por el abogado Serguéi Magnitsky, lo que dio origen a lo que hoy las autoridades llaman la Ley Magnitsky.

Dentro de estas denuncias, el abogado Paniagua ha señalado un acto que debe investigarse, por lo que incluso ya se colocaron denuncias en el FBI de Estados Unidos. Según el denunciante, el dinero producto de la actividad comercial no llega al país, o llega en un porcentaje muy pequeño, dado que es una empresa en Estados Unidos (territorio nacional para el FBI y la CIA) la que se encarga de los lazos comerciales de la actividad en el Golfo de Papagayo. Actividad realizada sobre tierras que, según Paniagua, fueron robadas a su familia desde hace décadas.

Pensando mal, dadas las estructuras expuestas en la política costarricense, las autoridades del Poder Judicial no están tan divorciadas del Poder Ejecutivo, dado que lo denunciado en tribunales por el denunciante básicamente beneficia al ICT. Incluso el dinero que se recolecta en Estados Unidos podría terminar en paraísos fiscales.

Por lo que, escuchando toda esta historia, se deben analizar varias aristas, las cuales ya no están en manos de las autoridades costarricenses, pero sí podrían llegar a ser señaladas por las autoridades estadounidenses, ahora que ese país ha clasificado a los cárteles del narcotráfico como grupos terroristas. Por razones de seguridad nacional, no van a descartar investigar a cada funcionario que esté en el radar por beneficiar estructuras relacionadas al narcotráfico.

Si me pongo a pensar mal: si, según denuncia el afectado por las tierras de Papagayo, el dinero queda en Estados Unidos, y según lo denunciado por Camilo Rodríguez a Guanacaste llegan helicópteros con dinero, me pregunto: ¿cómo meten ese dinero en el sistema bancario nacional?, ¿como dinero de una actividad turística? Es difícil investigar cuando, al parecer, el mismo Gobierno protege no solo este tipo de irregularidades, sino cuando el mismo sector político está siendo financiado por el lavado de dinero. ¿Narcoestado? Aún falta mucho por salir a la luz pública, y aunque aquí estamos presumiendo por el contenido de información que ya es pública, ya esta información está en manos de un gobierno que se toma muy en serio su seguridad nacional.