Fallas en control interno y balístico del MSP abren paso a infiltración narco en la policía
En un contexto donde el país enfrenta el crecimiento sostenido del crimen organizado y la consolidación del narcotráfico en estructuras sociales, económicas y políticas, la debilidad de los controles internos dentro del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) representa no solo una vulnerabilidad institucional, sino una oportunidad directa para la infiltración criminal en el corazón mismo de la fuerza pública.
Una reciente consulta oficial realizada por GerardoLedezma.com al ministro Mario Zamora Cordero, en el marco de una investigación sobre abusos policiales, corrupción y mecanismos de autorregulación interna, dejó en evidencia deficiencias alarmantes en los sistemas de registro, fiscalización y rendición de cuentas dentro del MSP.
Las preguntas clave… y las respuestas ausentes
La investigación periodística incluyó trece preguntas precisas dirigidas al jerarca del Ministerio, centradas en temas como denuncias entre oficiales, sanciones, transparencia, incentivos para la denuncia interna, cifras de abusos policiales y la posibilidad de auditorías externas. Las respuestas oficiales, contenidas en el oficio MSP-DM-1332-2025 fechado el 14 de julio, revelan un panorama preocupante.
Preguntas respondidas de forma clara:
- Existencia de obligación legal para denunciar actos ilegales: Se confirma que la Ley General de Policía establece que los oficiales están obligados a denunciar actos de corrupción o delitos que presencien.
- Sanciones por no denunciar: Las sanciones dependen del tipo de falta (leve o grave), pero no existe una disposición que establezca una sanción específica por no denunciar un delito.
- Protocolo para ciudadanos denunciantes: Existen mecanismos como la Contraloría de Servicios, la Unidad de Admisibilidad e Investigaciones Preliminares y la Auditoría Interna, con garantías de confidencialidad.
- Número de sanciones disciplinarias en tres años: Se reportaron 381 sanciones entre 2023 y 2025.
- Trayectoria del jefe del Departamento Disciplinario Legal: Gustavo Salazar ocupa el cargo desde 2022, aunque ya había sido jefe entre 2009 y 2011.
- Disposición para auditorías externas: El MSP manifiesta estar abierto al escrutinio ciudadano, aunque supeditado a la Ley de Protección de Datos.
Preguntas no respondidas o respondidas parcialmente:
- ¿Cuántos oficiales han sido denunciados por otros policías en los últimos cinco años?
❌ No tienen un registro específico para determinar esta cifra. - ¿Por qué no hay casos públicos de policías que denuncien a compañeros corruptos o abusivos?
❌ No se responde directamente. Se describe el procedimiento interno sin abordar el vacío de casos públicos. - ¿Qué medidas concretas se han tomado para combatir el “código de silencio”?
❌ El Ministerio declara no entender el término, aunque es ampliamente usado en criminología. - ¿Cuántos casos de abuso policial se han sancionado o condenado en el último año?
⚠️ Solo se reportan 5 casos “debidamente instruidos”, pero se evita responder sobre sentencias condenatorias. - ¿Qué porcentaje de denuncias contra policías son desestimadas y por qué?
⚠️ No se da un porcentaje, solo causas comunes como falta de prueba o renuncia del funcionario. - ¿Cuántas sanciones han recaído sobre altos mandos (directores y subdirectores)?
❌ Admiten que el sistema no permite extraer esa información, salvo si se revisa manualmente caso por caso. - ¿Por qué no existe un registro público de oficiales investigados o sancionados?
❌ No hay ninguna norma que obligue a ello, salvo en casos de acoso sexual.
Falta de control balístico sobre las armas de fuego en el país
En este escenario de debilidad institucional, se suma un factor aún más alarmante: la falta de control balístico sobre las armas de fuego en el país, revelada en un informe oficial divulgado tras una orden de la Sala Constitucional. El Ministerio de Seguridad Pública admitió que no cuenta con herramientas técnicas para realizar los exámenes balísticos obligatorios previos a la inscripción de armas, incumpliendo el artículo 34 de la Ley de Armas y Explosivos. Esta omisión no es menor: la ausencia de un registro balístico impide vincular proyectiles recuperados en escenas del crimen con armas específicas, lo que podría dejar homicidios impunes. En un contexto donde el sicariato ya ha cobrado la vida de un sub-jefe del OIJ en Guápiles y de jóvenes en barrios urbanos, esta falla expone a la ciudadanía a un riesgo real y directo. Además, la falta de trazabilidad en el armamento utilizado por policías, guardas privados y empresas de seguridad agrava el panorama, abriendo la posibilidad a la venta ilegal de armas o su uso por parte de funcionarios coludidos con estructuras criminales.
Control disciplinario anquilosado: permanencia prolongada favorece vínculos y debilita la fiscalización interna
La prolongada permanencia de ciertas personas en puestos clave de control interno representa otro factor de riesgo dentro del Ministerio de Seguridad Pública. Cuando un funcionario permanece durante décadas en una misma posición estratégica, se erosiona progresivamente la independencia operativa, se generan vínculos personales y jerárquicos que comprometen la objetividad, y se debilita el rigor de las investigaciones, especialmente aquellas que involucran a mandos superiores.
Tal es el caso del licenciado Gustavo Salazar, actual jefe del Departamento Disciplinario Legal, quien ingresó al Ministerio en 1985, asumió como jefe del departamento desde su creación en el año 2000, y ha ocupado ese cargo en múltiples periodos, el más reciente desde 2022. Su presencia continua durante más de dos décadas al frente de la instancia encargada de tramitar procedimientos disciplinarios despierta serias dudas sobre la posibilidad real de investigar con imparcialidad a directores, subdirectores y otros altos jerarcas del propio Ministerio.
En instituciones donde el control se convierte en rutina y la fiscalización se supedita a lealtades internas, el riesgo de encubrimiento, omisión deliberada o parálisis institucional se incrementa, y con ello, la impunidad funcional. Esto no solo mina la confianza ciudadana, sino que constituye una falla estructural que puede ser aprovechada por redes criminales para operar con protección y silencio desde dentro de la institución.
Sin registros, sin consecuencias ¿altos mandos operan fuera del radar disciplinario?
Otra señal preocupante es la ausencia total de registros sobre investigaciones o sanciones aplicadas a directores y subdirectores del Ministerio de Seguridad Pública. La propia respuesta oficial admite que el sistema informático no está parametrizado para identificar cuántos altos mandos enfrentan causas abiertas, incluso penales, lo que imposibilita cualquier trazabilidad efectiva o supervisión institucional sobre quienes detentan el mayor poder dentro de la estructura policial.
En países con sistemas más robustos, un funcionario con causas judiciales, anomalías comprobadas o bajo investigación formal es inmediatamente suspendido, removido o al menos degradado, como medida mínima de control. En Costa Rica, por el contrario, ni siquiera se sabe cuántos jefes enfrentan procesos, lo que permite su continuidad en funciones sin cuestionamiento alguno. Esta falta de registro no es solo un vacío administrativo: es un mecanismo silencioso de protección e impunidad que envía un mensaje claro —a mayor rango, menor fiscalización.
Por Ejemplo: La directora señalada permanece en el cargo, ver nota publicada por Diario Extra.
El terreno fértil para la infiltración criminal
Los vacíos de información, la falta de registros sistematizados y la opacidad estructural crean el escenario perfecto para que estructuras del crimen organizado se infiltren y se consoliden dentro de los cuerpos policiales.
La ausencia de un sistema que identifique de forma automatizada cuántos policías son denunciados por otros funcionarios es, en términos prácticos, una ceguera institucional autoinfligida. Si el Ministerio no puede saber cuántos conflictos o denuncias internas ocurren, tampoco puede detectar patrones de encubrimiento, estructuras de protección internas, o redes de corrupción en desarrollo.
Este problema se agrava con la inexistencia de un protocolo claro de auditoría externa. Aunque el Ministerio dice estar “dispuesto” al escrutinio ciudadano, lo condiciona a las restricciones de protección de datos, sin establecer procedimientos reales para que organizaciones de la sociedad civil, la prensa o entes independientes puedan vigilar las actuaciones policiales.
El silencio como política de Estado
La falta de medidas concretas para romper el “código de silencio” entre policías es otro factor de alto riesgo. Este medio consultó explícitamente al ministro qué acciones se han tomado para combatir ese fenómeno de encubrimiento entre compañeros, y la respuesta fue simplemente que no comprenden a qué se refiere el término. La negación del problema no solo retrasa soluciones: lo institucionaliza.
La cultura del silencio, donde se protege al compañero antes que a la ley, es terreno fértil para que el crimen organizado infiltre, corrompa y controle unidades enteras. Si no existen incentivos ni garantías para denunciar y si no hay consecuencias visibles para quienes encubren, la impunidad se vuelve regla.
¿Quién vigila a los vigilantes?
El hecho de que no se publique ninguna lista de policías sancionados, salvo en casos de acoso sexual (por obligación legal), refuerza la opacidad. La ciudadanía no tiene forma de saber si un policía acusado de abuso de poder continúa en funciones, fue trasladado a otra zona o simplemente reintegrado sin consecuencia.
Esto contrasta con prácticas internacionales, donde muchos países mantienen registros públicos de oficiales disciplinados, no solo por transparencia sino por prevención de reincidencias y para proteger a la ciudadanía.
Conclusión: una estructura débil ante un enemigo sofisticado
El crimen organizado no infiltra estructuras débiles por accidente. Lo hace porque detecta fisuras, silencios, omisiones y mecanismos ineficientes. En el caso del Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica, esas fisuras son profundas, estructurales y persistentes.
El país enfrenta un riesgo real y presente de que sus cuerpos de seguridad estén siendo, o puedan ser, infiltrados y utilizados como herramientas del narcotráfico y del crimen organizado. Y ese riesgo no se combate con discursos institucionales de buena voluntad, sino con reformas concretas, sistemas de control automatizados, transparencia radical y participación ciudadana activa.
Mientras eso no ocurra, el Estado seguirá operando con los ojos vendados, mientras el enemigo ya tiene la puerta entreabierta.
Esta investigación continuará con el seguimiento de casos específicos, testimonios internos y el análisis comparado con sistemas de control policial en otros países.
