Estados Unidos intensifica la revocación de visas a políticos en todo el continente americano por corrupción, autoritarismo y vínculos con redes criminales
El gobierno de Estados Unidos ha venido consolidando en los últimos años una política exterior más activa en el plano migratorio, mediante la revocación o denegación de visas a políticos, funcionarios públicos y operadores judiciales en distintos países del continente americano. Estas decisiones, enmarcadas en disposiciones legales como la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la Ley Global Magnitsky y la llamada Lista Engel, buscan castigar actos de corrupción, violaciones a los derechos humanos, interferencias antidemocráticas y vínculos con redes de narcotráfico o espionaje.
Aunque estas acciones han sido más visibles en países centroamericanos y en aquellos con regímenes autoritarios, como Nicaragua, Venezuela o Cuba, su alcance se ha extendido discretamente a casi toda la región. La cancelación de una visa estadounidense, aunque no constituye una acusación judicial formal, representa un golpe político y simbólico de alto perfil para los afectados, que quedan señalados ante la comunidad internacional como personas non gratas para el gobierno de Washington.
En Centroamérica, Guatemala ha sido uno de los países con mayor número de sancionados. En diciembre de 2023, el Departamento de Estado anunció la revocación de visas a más de 300 personas, entre las que se encontraban diputados, magistrados, fiscales, empresarios y operadores políticos vinculados a maniobras para bloquear la elección presidencial de Bernardo Arévalo. La fiscal general Consuelo Porras, además de figurar en la Lista Engel, fue señalada como responsable de socavar el trabajo de fiscales anticorrupción y de encubrir redes de poder judicial paralelo.
En Honduras, el caso más emblemático fue la revocación de la visa del expresidente Juan Orlando Hernández, acusado por fiscales estadounidenses de liderar un narcoestado durante su mandato. Su posterior extradición, juicio y condena en Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico confirmaron la gravedad de las acusaciones. Otros funcionarios, incluyendo ministros y empresarios cercanos al entorno presidencial, también han sido objeto de medidas similares.
El Salvador ha registrado una serie de sanciones impuestas a altos funcionarios del gobierno de Nayib Bukele, incluyendo asesores, ministros y operadores judiciales, a quienes se señala de corrupción sistemática, debilitamiento del Estado de Derecho y acuerdos opacos con estructuras criminales. Si bien las acciones no se han divulgado con amplitud, múltiples nombres han sido incluidos en la Lista Engel durante los últimos tres años.
En Nicaragua y Venezuela, la revocación de visas ha sido sistemática. El régimen de Daniel Ortega ha enfrentado sanciones contra jueces, diputados, ministros, mandos policiales y funcionarios electorales. Estas decisiones se justifican en represiones masivas, fraudes electorales y violaciones continuadas a los derechos fundamentales. En el caso venezolano, más de un centenar de figuras del chavismo, incluyendo a Nicolás Maduro, han sido objeto de restricciones migratorias y financieras, especialmente por su papel en la crisis humanitaria y el colapso institucional del país.
Cuba se mantiene como un caso aparte. Estados Unidos mantiene una política histórica de restricciones migratorias a altos cargos del Partido Comunista, miembros del aparato represivo y funcionarios vinculados a la censura y el control del aparato estatal. Las protestas del 11 de julio de 2021 y las detenciones posteriores provocaron nuevas sanciones, tanto migratorias como económicas.
En el caso de Costa Rica, un país que tradicionalmente había estado fuera de estas acciones, Estados Unidos inició en 2025 una serie de cancelaciones de visas dirigidas a figuras relevantes del sistema político. El expresidente Óscar Arias Sánchez confirmó en abril que su visa fue revocada, lo que atribuyó a su postura crítica frente a la política exterior estadounidense y a su respaldo a relaciones estratégicas con China. Paralelamente, fueron canceladas las visas de los diputados Vanessa Castro, Johana Obando, Cynthia Córdoba y Francisco Nicolás Alvarado, todos miembros del Congreso costarricense que expresaron públicamente su rechazo a vetar a empresas chinas del proceso de licitación del 5G. Posteriormente se conoció que también perdieron la visa el presidente del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez, y el magistrado constitucional Paul Rueda, entre otros altos funcionarios.
México ha registrado cancelaciones puntuales, como la del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, procesado en Estados Unidos por lavado de dinero y vínculos con cárteles de la droga. Aunque no se ha hecho pública una lista extensa de casos, diversas fuentes señalan que empresarios, jueces y exfuncionarios también han sido vetados.
En Colombia, Estados Unidos ha actuado contra políticos y exfuncionarios ligados a la llamada parapolítica, así como contra quienes han sido identificados como responsables de corrupción en procesos judiciales o electorales. Si bien no existe una lista oficial completa, varias decisiones migratorias han sido confirmadas por fuentes diplomáticas y medios nacionales.
En Perú, el exjuez César Hinostroza, vinculado al caso de corrupción judicial conocido como “Los Cuellos Blancos del Puerto”, fue objeto de cancelación de visa por parte de Estados Unidos, luego de que se confirmaran maniobras de obstrucción a la justicia en su país de origen.
Hasta el momento, no existen reportes públicos de sanciones migratorias impuestas a funcionarios o políticos de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Ecuador, Guyana o Surinam. Sin embargo, funcionarios de la diplomacia estadounidense han reconocido en entrevistas recientes que la política migratoria como mecanismo de presión o advertencia se aplica también de forma reservada, especialmente en países con relaciones bilaterales estables.
Las medidas adoptadas por Estados Unidos, aunque en muchos casos unilaterales y discrecionales, buscan posicionar el acceso al territorio estadounidense como un privilegio condicionado al respeto de principios democráticos, transparencia en la gestión pública y compromiso con los derechos fundamentales. Para Washington, impedir el ingreso de personas consideradas corruptas, represoras o aliadas de intereses estratégicos contrarios, como el aparato estatal chino, es parte de una estrategia más amplia de seguridad y control geopolítico.
La revocación de una visa, lejos de ser un simple trámite administrativo, se ha convertido en una poderosa herramienta diplomática que envía señales claras sobre los límites que Estados Unidos está dispuesto a tolerar en el ejercicio del poder en América. La tendencia indica que esta práctica no solo continuará, sino que probablemente se profundizará en los próximos años, al calor de las tensiones políticas, la competencia tecnológica y el resurgimiento de gobiernos autoritarios o cooptados por intereses privados y criminales.