El Poder Judicial responde: aclaración necesaria, pero no suficiente

Opinión | La Contraloría General de la República (CGR) detectó múltiples irregularidades en el pago de remuneraciones del Poder Judicial durante 2024. Señala pagos sin trazabilidad clara, uso indebido de salarios globales diferenciados, errores en el pago de incapacidades y el archivo de cobros a la CCSS por montos millonarios.

Dicho informe de la Contraloría no es menor: revela pagos sin trazabilidad clara a 528 personas con “salario global diferenciado”, más de 3.400 movimientos de personal con asignaciones salariales cuestionables y errores sistemáticos en el pago de incapacidades, con montos que superaron lo permitido por la CCSS. A esto se suma el archivo de cobros por más de ₡7.400 millones pagados de más a la Caja, lo que pone en entredicho el rigor del control presupuestario del Poder Judicial. El órgano fiscalizador fue enfático en la urgencia de aplicar correctivos y fortalecer los controles internos para garantizar legalidad y transparencia en el uso de los recursos públicos.

Hallazgos relevantes del informe de la Contraloría:

• Pagos sin respaldo técnico: La escala salarial definitiva está incompleta, lo que permitió aplicar el salario global diferenciado sin justificación técnica.
• Falta de trazabilidad en remuneraciones: 528 personas fueron remuneradas con salario global diferenciado sin que existiera trazabilidad clara.
• Movimientos de personal dudosos: Se identificaron 3.433 movimientos con incertidumbre sobre la correcta asignación salarial.
• Errores en el pago de incapacidades: Se realizaron pagos sin ajustar previamente al subsidio establecido por la CCSS, generando excesos salariales.
• Montos recuperados por pagos indebidos: ₡45.826 millones han sido recuperados hasta la fecha y ₡484 millones más están en proceso de recuperación.
• Montos incobrables por incapacidades: Existen montos de incapacidad pagados en exceso que no han sido cuantificados ni recuperados.
• Cargas sociales incobrables: Se archivaron cobros por ₡7.468 millones pagados de más a la CCSS en concepto de cargas patronales.

El Poder Judicial ha salido al paso de los cuestionamientos planteados por la Contraloría General de la República (CGR), y lo ha hecho mediante un documento oficial cargado de tecnicismos y justificaciones. Aunque es positivo que se emita una respuesta institucional, la aclaración llega en un contexto de creciente desconfianza ciudadana hacia el manejo de los fondos públicos y el funcionamiento interno de las instituciones.

En su pronunciamiento, el Poder Judicial recalca que todos los movimientos de personal —más de 13.000— fueron debidamente reportados y registrados. Aseguran, además, que cada uno está respaldado por documentación sobre el tipo de régimen salarial aplicado. Sin embargo, lo que no dice el comunicado es si estos procedimientos, aunque técnicamente correctos, responden a una lógica de eficiencia y necesidad pública, o si simplemente perpetúan prácticas que resultan costosas y difíciles de fiscalizar.

Un punto especialmente sensible es el de los 519 funcionarios que recibieron pagos adicionales durante el 2024, supuestamente por asumir funciones especiales o disponibilidad fuera de jornada. El Poder Judicial afirma que no se trata de pagos extra, sino de compensaciones dentro del marco legal. Pero, ¿qué tan claro es ese marco legal para la ciudadanía? ¿Y cuán discrecional es su aplicación? La Ley Marco de Empleo Público, según admiten, no contempla estos factores porque no son generalizados. Eso, más que justificar, abre nuevas preguntas.

Se destaca también la colaboración con la CGR y la promesa de implementar un nuevo modelo tecnológico para el pago de incapacidades a partir de 2026. Es un avance, pero también un reconocimiento tácito de que el sistema actual tiene fallas. ¿Por qué esperar hasta 2026 para corregir algo tan sensible como el pago de incapacidades?

Finalmente, el comunicado cierra reafirmando compromisos con la legalidad y la transparencia. Una fórmula común en los comunicados institucionales, pero que ya no basta por sí sola. En tiempos donde la ciudadanía exige resultados concretos y rendición de cuentas real, las aclaraciones sin consecuencias tangibles son, en el mejor de los casos, un parche temporal.

Costa Rica necesita un Poder Judicial fuerte, sí, pero también autocrítico, proactivo y dispuesto a hacer más que defenderse con comunicados. La verdadera transparencia no solo se declara: se demuestra con hechos, acciones y cambios reales.