ALERTA monopolio de frecuencias vulnera derechos humanos y anticipa deriva dictatorial en Costa Rica
Opinión | El proceso de subasta de frecuencias de radio y televisión que impulsa el Estado costarricense debe analizarse más allá de su envoltorio técnico. La asignación del espectro radioeléctrico no es un trámite administrativo de rutina. Es una decisión que incide directamente en la libertad de expresión, el acceso a la información y la pluralidad democrática, derechos protegidos por el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cuando un Estado diseña un mecanismo donde el acceso al espectro queda definido por la capacidad económica de los interesados, se abre la puerta a restricciones indirectas que históricamente han sido utilizadas por gobiernos autoritarios para controlar el debate público.
Las prácticas de subastas con barreras financieras elevadas, sumadas a requisitos que desfavorecen a medios locales, comunitarios o independientes, reproducen patrones que en otros países precedieron el deterioro democrático. En varios contextos de América Latina y Europa del Este, regímenes que luego adquirieron rasgos autoritarios iniciaron su avance limitando la pluralidad mediática mediante licitaciones diseñadas para concentrar el espectro en manos de grupos aliados o económicamente dominantes. La “modernización del espectro” fue presentada como un avance técnico, pero su efecto real fue la eliminación progresiva de voces críticas. La Corte Interamericana ha advertido que limitaciones económicas desproporcionadas pueden constituir formas de censura encubierta cuando impiden el funcionamiento de actores informativos esenciales para la diversidad democrática.
En Costa Rica, el riesgo no es hipotético. Los altos precios base, la incertidumbre jurídica por la no prórroga de concesiones existentes y un diseño que favorece a operadores con gran capacidad financiera crean un escenario donde la pluralidad puede verse comprometida. Cuando un proceso estatal excluye de manera estructural a medios pequeños mientras facilita la concentración en pocos grupos, se configura un desequilibrio que contradice las obligaciones internacionales del país. La concentración mediática, ya sea pública o privada, es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana precisamente porque reduce el flujo libre y diverso de información que las sociedades democráticas requieren para funcionar.
A esto se suma un elemento que no puede ignorarse. Cuando la administración pública impulsa decisiones que fortalecen monopolios de facto, desplazan a medios pequeños y silencian a sectores críticos, se configura una señal inequívoca de corrupción estructural. Favorecer indirectamente a grupos mediáticos dominantes a costa del pluralismo no solo debilita la democracia, también puede constituir lo que especialistas han denominado “sicariato económico”, es decir, el uso del poder administrativo para eliminar la competencia mediante mecanismos legales o burocráticos aparentemente neutros. Esta forma de violencia institucional se ha documentado en países donde, sin recurrir a la censura directa, se asfixió económicamente a los medios independientes hasta llevarlos al cierre.
En Costa Rica, más de dos millones de personas dependen de la televisión abierta y cerca de tres millones consumen radio diariamente. Estas cifras muestran que el espectro radioeléctrico sigue siendo un pilar del acceso ciudadano a la información. El artículo 19 del Pacto Internacional establece que los Estados no solo deben abstenerse de censurar, sino también impedir restricciones indirectas que limiten el derecho de la población a informarse. Cuando el acceso al espectro se convierte en un privilegio económico, el Estado incumple este deber. La exclusión de radios comunitarias, de proyectos de comunicación regionales o de medios independientes empobrece el debate público, debilita la vigilancia social y favorece narrativas alineadas con grupos económicos o políticos específicos.
Costa Rica se enfrenta a un momento decisivo. Un país democrático no puede permitir que el espectro radioeléctrico se convierta en un arma de control informativo. Las dictaduras rara vez comienzan con el cierre abierto de medios. Su origen suele estar en medidas técnicas que, al concentrar la comunicación en pocas manos, preparan el terreno para la censura indirecta, la autocensura y el silenciamiento progresivo de voces incómodas. Cuando se vulneran derechos humanos mediante decisiones administrativas y cuando se favorecen monopolios que debilitan la pluralidad, la alerta es obligatoria. Un Estado que controla quién puede hablar y quién no, incluso de manera indirecta, se acerca peligrosamente a prácticas propias de regímenes autoritarios.
La democracia costarricense se sostiene en la diversidad de voces, no en la uniformidad mediática. Proteger el espectro como bien público implica garantizar que ninguna autoridad, grupo económico o administración de turno pueda manipularlo para moldear la opinión pública o excluir a quienes cumplen funciones esenciales en la vigilancia democrática. La subasta de frecuencias debe ser revisada con rigor antes de que se convierta en un precedente que habilite la concentración informativa, el silenciamiento estructural y una deriva autoritaria que Costa Rica no puede permitirse.