¿Votaría usted nuevamente por un político que tiene la oportunidad de salvar vidas y no lo hace?
Una de las herramientas más utilizadas por estafadores políticos son las llamadas granjas de teléfonos: sistemas que permiten simular miles de usuarios reales en redes sociales. A través de estas, se generan mensajes automatizados, incluso con el uso de inteligencia artificial, para producir textos creíbles y saturar redes sociales con información falsa. Esta táctica busca desgastar a quienes intentan responder o desmentir los contenidos, convirtiendo el diálogo público en un caos controlado.
Sin embargo, estas estrategias de manipulación digital tambien son la fachada de estructuras criminales más profundas. El crimen organizado en Costa Rica también está vinculado a delitos graves como la trata de personas con fines de esclavitud o explotación sexual, producción y distribución de pornografía infantil, tráfico de órganos, extorsiones telefónicas desde centros penales y cobros mediante préstamos gota a gota, entre otros. Según el OIJ, casi el 100% de los delitos cometidos con teléfonos prepago quedan impunes.
Esto plantea preguntas incómodas:
¿Por qué la PROHAB no controla esta deficiencia?
¿Acaso las autoridades legislativas no pueden impulsar leyes que castiguen penalmente a los dueños y representantes legales de empresas de telefonía cuyas líneas son utilizadas en crímenes? ¿Un mandatario que tiene mayor voz que los costarricenses no puede hacer nada?
¿O es que algunas de estas empresas están protegidas por gobiernos corruptos?
La ley para combatir estos delitos existe, pero lo que parece faltar es voluntad política. La inacción de las autoridades expone a la población costarricense —sin distinción de edad ni género— a riesgos reales contra su seguridad y su vida.
La infiltración del crimen organizado en la administración pública ya no puede ocultarse. Por eso, urge que movimientos sociales como el Foro Nacional resurjan con fuerza en todo el país, para articular nuevas estrategias frente a la corrupción institucionalizada.
La reacción social ante esta realidad no solo es necesaria, es un derecho consagrado en nuestra Constitución Política.
Una ciudadanía que no asume su responsabilidad termina asumiendo las consecuencias.