Vecinos de Savegre Abajo que poseen terrenos dentro de la Reserva Forestal los Santos pidieron a la Comisión Especial de zonas costeras ser incluidos en el proyecto que resguarda a propietarios atrapados en zonas protegidas.
Manifestaron que ellos al igual que al menos unas 250 personas más no habitan en los terrenos, los mismos son dedicados a la reforestación, protección del ambiente y al turismo rural.
El proyecto en discusión es el 22.391. Ley para la gestión y regularización del patrimonio natural del Estado y del derecho de utilidad ambiental el cual busca garantizar los derechos de los propietarios.
La iniciativa tiene como fin el reconocimiento de pobladores que por diversas circunstancias “quedaron atrapados” en tierras estatales que hoy son Patrimonio Natural del Estado (PNE).
Busca solucionar el vacío jurídico generado con la declaratoria de Áreas Silvestres Protegidas, en todas sus categorías de manejo, excepto Parques Nacionales y Reservas Biológicas, respecto de los pobladores de esos terrenos.
Ante la ausencia de legislación vigente que permita resolver ese vacío jurídico, se crea el Derecho de Utilidad Ambiental (DUA), el cual será un instrumento jurídico que permitirá gestionar y promover un equilibrio entre los dos derechos en colisión que existe en la actualidad.
Jorge Arturo Bermúdez Morales vecino de San Isidro manifestó que dos cantones entre ellos el de Pérez Zeledón se vieron afectados con la declaratoria de Patrimonio Natural del Estado por lo que hay personas con terrenos dentro de la reserva, pero sin sus respectivos títulos de propiedad.
Respecto al proyectos en discusión pidieron se le hicieran al menos los cambios para solventar el problema que enfrentan muchos de los afectados que no viven dentro de las propiedades.
El diputado Víctor Morales Mora recalcó que el proyecto es para quienes se quedaron atrapados y viven en sus propiedades que no es caso de los comparecientes por lo que considera es un tema que se debe atender.
La diputada Marilyn Azufeifa Trejos llamó la atención sobre los pronunciamientos tanto de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la República estableciendo que el proyecto es inconstitucional.