En audiencia ante la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, la presidenta de la Unión de Gobiernos locales, Karen Porras dijo que el Expediente Nº 22.470, Ley del Sistema de Inversión Pública violenta la autonomía municipal dado que invade los modelos de planificación de los recursos gestionados regionalmente.
Porras informó que se manifestaron 12 gobiernos locales en contra y dos a favor y según criterio de la mayoría roza con la Constitución Política y el Código Municipal por cuanto viola el principio de autonomía municipal que maneja su inversión avalada por la Contraloría General de la República y por eso esta iniciativa es un retroceso al proceso de descentralización pública.
Añadió que formularán ante la Comisión una propuesta por escrito para incluirle las modificaciones requeridas por el proyecto de ley.
La presidenta Unión de Gobiernos Locales en respuesta al diputado Diego Vargas Rodríguez agregó que a las municipalidades las llenan de consultas y en ese sentido se ha trabajado en la capacitación y formación de planificación de proyectos en las diferentes etapas. También en respuesta al diputado Antonio Ortega Gutiérrez, manifestó que las labores en favor de unificar los proyectos de inversión buscan que las municipalidades desarrollen planes conjuntos mancomunados, aunque reconoció que todavía se hace esta labor de manera rudimentaria.
Informó ante la consulta del diputado diputado Horacio Alvarado Bogantes que las Municipalidades de San Pablo y Barba se manifestaron en favor del proyecto. Entre las mejoras que se le pueden incluir figuran formas de negociación entre gobiernos tanto nacionales como municipales, por lo cual debe agregarse la gobernanza multinivel con Concejos Regionales de Desarrollo, que en total permiten el funcionamiento de ciento ochenta actores de servicios regionales de desarrollo.
El expediente debe incluir la valoración de la capacitación y formación del recurso humano, que quedan en el último lugar en el proyecto en análisis y requiere definir las responsabilidades de la inversión pública que necesita ser distribuida según el ordenamiento territorial.
En respuesta a la diputada Rosaura Méndez Gamboa destacó que los gobiernos locales no cuentan con la capacitación de la gestión pública de los proyectos, en todas las fases del ciclo de vida sin invadir las facultades de las autoridades regionales.
La Comisión acordó finalmente consultar este expediente con el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), cada una de las universidades públicas y la Caja Costarricense de Seguro Social.
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