Tres años consecutivos de récords en homicidios revelan fallas profundas en seguridad pública

Costa Rica cierra el 2025 enfrentando el periodo más violento de toda su historia estadística contemporánea. Al 10 de diciembre del 2025, el Organismo de Investigación Judicial registra 826 homicidios dolosos, superando los 821 del 2024, cuando aún restan semanas para finalizar el año. Según el ritmo acumulado y la tendencia de diciembre —que ya suma 24 homicidios en apenas diez días—, el país se encamina a cerrar con aproximadamente 880 homicidios, situando al 2025 como el año más letal registrado, por encima de 2023 y 2024. Esta escalada, que suma tres años consecutivos con cifras históricas, coincide íntegramente con la gestión del ministro de Seguridad Pública Mario Zamora Cordero, quien asumió el cargo en mayo de 2023.

Los datos no admiten interpretación benigna. En 2013, Costa Rica registraba cerca de 411 homicidios, una cifra que reflejaba un país con problemas crecientes, pero aún controlables. Entre 2018 y 2021, las tasas oscilaban entre 11,07 y 11,61 homicidios por cada 100.000 habitantes, según bases internacionales consolidadas. En 2022, Costa Rica reportó 656 homicidios, con una estimación técnica de 12,6 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2023, el número se disparó a 905 homicidios, con una tasa entre 17,2 y 17,7; el 2024 cerró con 880 homicidios, y el 2025 supera la cifra cuando aún no termina el año. No existe registro previo de tres años seguidos por encima de los 800 homicidios. La evidencia estadística constituye una línea de tiempo precisa para evaluación técnica, legislativa y judicial.

El análisis provincial del OIJ muestra la reconfiguración geográfica de la violencia. San José, epicentro político, económico y administrativo del país, registra un salto de 229 homicidios en 2024 a 281 en 2025, un aumento de 52 víctimas, suficiente para explicar por sí solo todo el crecimiento nacional. En contraste, Limón permanece prácticamente igual (167 vs 166), Puntarenas baja (146 a 116), Cartago disminuye (74 a 60), Heredia cae (38 a 33), Alajuela se mantiene (97 a 96), y Guanacaste muestra un ascenso menor (73 a 74). Este patrón contradice de manera directa la narrativa oficial que insiste en responsabilizar al narcotráfico marítimo como origen primario de la violencia: las cifras sitúan el agravamiento en el Área Metropolitana, no en las costas.

El análisis de móviles de homicidio confirma la naturaleza del fenómeno. El ajuste de cuentas, móvil directamente asociado a estructuras criminales, aumenta de aproximadamente 547 casos en 2024 a 591 en 2025. Ninguna otra categoría presenta incremento: las riñas bajan de 110 a 88, los homicidios por comisión de otro delito bajan de 53 a 50, la violencia doméstica se mantiene cerca de 32 casos, los homicidios por determinar rondan los 16, y las víctimas colaterales apenas varían: mujeres 19 a 20, hombres 68 a 61. Este patrón evidencia que la violencia no responde a una crisis social generalizada, sino a conflictividad criminal sofisticada, dirigida, selectiva y altamente organizada.

Los datos etarios refuerzan esta estructura. Las víctimas de 18 a 29 años disminuyen de 329 a 298, mientras que el grupo de 30 a 39 años aumenta de 241 a 254, sugiriendo una intensificación del conflicto en segmentos operativos del crimen organizado. Las víctimas de 40 a 49 años se mantienen en 120, los menores de 12 a 17 años bajan de 40 a 37, y los menores de un año aumentan de 4 a 10. Estos datos deben considerarse en investigaciones de protección institucional, fallas en redes de apoyo social, y posibles omisiones del Estado en poblaciones vulnerables.

El método utilizado también revela una constante: arma de fuego en 641 casos en 2024 y 645 en 2025, arma blanca disminuye de 87 a 81, y los otros medios de 94 a 99. El arma de fuego sigue siendo el mecanismo principal, lo que confirma que la disponibilidad de armamento ilegal no está siendo contenida con la estrategia policial actual.

Bajo la gestión de Mario Zamora, el Ministerio de Seguridad ha promovido la aceleración del reclutamiento policial como principal medida de respuesta. En 2023, ingresaron aproximadamente 850 nuevos oficiales. En 2024, el MSP reportó ritmos cercanos a 100 oficiales por mes, y entre 2024 y 2025 informó dos incrementos adicionales: 680 y luego 766 nuevos oficiales. Sin embargo, el impacto operativo real no se corresponde con el crecimiento numérico. La formación policial quedó comprometida: el Curso Básico Policial, históricamente de 1.200 horas, contaba con una recomendación técnica para ampliarse a un año completo, pero esta recomendación nunca se implementó. En cambio, la presión política saturó academias, redujo calidad formativa y priorizó cantidad sobre especialización. Un cuerpo policial más grande no compensa una reducción en calidad técnica frente a organizaciones criminales cuyo nivel de planificación evoluciona más rápido que la respuesta estatal.

Una de las decisiones más controversiales del periodo fue el traslado de la Academia Nacional de Guardacostas desde Quepos a Guápiles, impulsado por el viceministro Manuel Jiménez y autorizado por Zamora. La medida enfrentó oposición de mandos operativos de Guardacostas y de figuras legislativas como Sofía Guillén, quienes sostienen que la formación marítima no puede trasladarse tierra adentro sin afectar maniobras tácticas, navegación, simulaciones oceánicas ni preparación operativa real. La formación en ambiente costero es crítica para la interdicción marítima, que constituye la primera línea de defensa ante el narcotráfico. Debilitar esta capacidad tiene consecuencias directas: más droga ingresa por vía marítima, alimentando disputas internas de organizaciones criminales, lo que se traduce en más homicidios por ajuste de cuentas.

El análisis presupuestario muestra contradicciones adicionales. El Ministerio de Seguridad contará en 2025 con aproximadamente ₡320.000 millones, y el presupuesto del 2026 propone un aumento del 9,7 %, alrededor de ₡31.000 millones adicionales. Sin embargo, las partidas críticas de operación sufren recortes severos: un recorte de ₡2.985 millones en mantenimiento de patrullas, edificios policiales, uniformes, material táctico y equipo de protección. Esto se suma a un recorte previo de ₡1.029 millones en 2022, que había afectado la capacidad operativa antes del aumento sostenido de violencia. El resultado es un cuerpo policial con más personal pero con menos herramientas, menos movilidad, menos mantenimiento y menos equipamiento táctico para enfrentar violencia compleja.

En síntesis, cuando se integran todos los datos —los 826 homicidios al 10 de diciembre, la proyección de 880, la escalada desde 411 en 2013, la intermitencia de las tasas interanuales (8,7 → 11,61 → 11,07 → 11,13 → 11,41 → 12,6 → 17,2), la distribución provincial, los móviles, las armas, las edades, el reclutamiento acelerado (850 + 100 por mes + 680 + 766), el curso básico de 1.200 horas, la recomendación técnica de ampliarlo, el traslado de Guardacostas, los nombres de los funcionarios involucrados, el presupuesto de ₡320.000 millones, el aumento del 9,7 %, los recortes de ₡2.985 millones y los antecedentes de ₡1.029 millones— surge una conclusión clara: la estrategia de seguridad no solo no ha contenido la violencia, sino que coincide con su mayor crecimiento histórico.