Guatemala | Detienen a exministro y ordenan capturar a miembros del Tribunal Supremo Electoral en medio de acusaciones de manipulación política.
Este jueves 11 de enero, a tan solo tres días de la toma de posesión de Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala, el país se vio envuelto en un nuevo capítulo de agitación judicial. El Tribunal Supremo otorgó respaldo a la vicepresidenta electa, Karin Herrera, frente a posibles órdenes de detención, mientras que el exministro de Gobernación fue arrestado por su supuesta inacción ante las protestas contra la fiscal general, Consuelo Porras. Simultáneamente, la Fiscalía emitió órdenes de captura contra cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral, generando acusaciones de maniobras para socavar los resultados electorales.
Las capturas de Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Vladimir Aguilar y Mynor Franco, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, se basan en presuntas irregularidades en la compra de un sistema digital de transmisión de datos utilizado en las elecciones de 2023. La Fiscalía, señalada por corrupción, acusa a estos funcionarios de fraude financiero, quienes actualmente se encuentran fuera del país y han perdido su inmunidad.
Las autoridades del tribunal denuncian una persecución destinada a deslegitimar los resultados electorales y colocan a la fiscal general, Consuelo Porras, en el centro de las críticas. Bernardo Arévalo ha llegado a acusarla de liderar un «golpe de Estado» en su contra.
La desconfianza en el Ministerio Público llevó a la vicepresidenta electa, Karin Herrera, a presentar un recurso ante la Corte de Constitucionalidad para protegerse ante una posible orden de captura. Su equipo legal argumenta que goza de inmunidad por antejuicio y cualquier arresto sería considerado ilegal.
En paralelo, el exministro de Gobernación, Napoleón Barrientos Girón, fue detenido por no cumplir una orden de reprimir manifestaciones contra la fiscal Porras. Su arresto generó reacciones desfavorables desde Estados Unidos, condenando las acciones «antidemocráticas» en Guatemala.
Las tensiones judiciales en vísperas de la investidura de Arévalo plantean preocupaciones sobre la estabilidad política y la legitimidad de las instituciones en el país centroamericano.
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