Funcionarios de la CCSS suspendidos sin goce de salario por mas de 10 meses se manifestaron esta tarde en Casa Presidencial, pidiendo un debate público y cientifico sobre la sustancia experimental, que a pesar de que no cumple con lo requerido para ser de beneficio, se ha blindado mediante decretos, contratos, falta de debate técnico cientifico, persecuciones y hasta amenazas a los padres de llevar al Pani si no permiten que inoculen a sus hijos.
Son 350 funcionarios, profesionales afectados sin salario que podrían estar salvando vidas en distintas areas de la CCSS, pero ellos conocen muy bien la ley y los acuerdos internacionales, pero lo preocupante es que el discurso del mandatario se viene percibiendo como un cambio de bando.
También, la información oficial dice que la sustancia es abortiva, produce miocarditis y pericarditis, pero tambien alerta de otras reacciones que pueden costarle la vida a nuestra sociedad, ahora se proponen inocular los niños en edades pediatricas.
Hoy han puesto un tipo de tienda de campaña para levantar la voz, esperando el apoyo del popular, siendo que esta sustancia tiene basta documentación sobre efectos adversos, misma que no ha sido informada a la población costarricense, no se ha dado el consentimiento informado, ¿seguímos en democrácia?.
Hablamos, que todo funcionario público, incluidos los presidentes de los tres poderes de la República, no pueden ir mas allá de las facultades que la ley les permite, por lo que incluso el decreto de emergencia firmado por Carlos Alvarado no ha sido justificado, pero ahora el mandatario en ejercicio, ha firmado un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto de emergencia, pero al parecer aun no se cumple con lo requerido para que la sustancia experimental sea utilizada en Costa Rica.
Son miles de millones de dolares, persecuciones, negocios cerrados, lo que un debate cientifico podría demostrar que Costa Rica ha sido sometido desde los poderes de la República a la mayor estafa y saqueo de los recursos de los impuestos, recursos que luego se llegan a pedir prestados y nuevamente bajo un decreto de emergencia pueden volver a saquear.
Es posible, que un debate técnico cientifico con especialistas de los distintos grupos arroje no solo un caso de estafa al estado costarricense, sino, que se ha puesto en riesgo la salud pública, y que en los próximos meses muchas personas podrían perder la vida.
¿Donde está en Ministerio Público en todo esto?, ¿Donde estan los Diputados?, ¿Donde esta la Sala Constitucional y el Poder Judicial?