La Superintendente de Pensiones, SUPEN, Rocío Aguilar Montoya, volvió a darle un espaldarazo al expediente 22.760 Ley de Idoneidad y Experiencia en la Gestión de Fondos de Operadoras de Pensiones, que se tramita en la Comisión Permanente de Asuntos Sociales.
La funcionaria fue reiterativa en sus declaraciones, afirmando que si no se logra colocar al mejor personal -con conocimientos, idoneidad y experiencia- en los puestos de alta gerencia de las operaciones de pensiones “se corren riesgos innecesarios”.
Para Aguilar Montoya hay una serie de riesgos a los que se les debe poner mucha atención como son los de crédito, mercado, liquidez, operativos y los ambientales y sociales, porque si estos no se cumplen se puede llevar a la pérdida de valor de los activos, contingencias fiscales y pobreza, por eso las personas que se desempeñan en los puestos de alta gerencia deben contar con la idoneidad indispensable para el puesto.
Para la representante de la SUPEN, este proyecto es importante porque en la realidad financiera del país han podido determinar que algunas entidades no cumplen con estos requisitos de idoneidad en su personal y ellos no tienen potestad de, al menos, recomendar la remoción del funcionario.
La Superintendente fue clara en que les interesa tener, al menos, la posibilidad de alertad a una entidad de que no cuenta con el personal idóneo en sus líneas gerenciales y si no se escuchan sus sugerencias, que las entidades deban justificar su posición.
La legisladora Melina Ajoy Palma consultó sobre la posición que tienen algunos de los entes que serían revisados los cuales se oponen a la iniciativa, pues consideran que la SUPEN adquiriría superpoderes que le permitirían objetar nombramientos y solicitar remociones.
Otro de los legisladores que manifestó su preocupación por la posición que mantienen los administrados en contra de esta iniciativa, fue el congresista Luis Fernando Mendoza Jiménez quien indicó que la Asociación Costarricense de Operadores de Pensiones, es del criterio que de aprobarse esta propuesta en la que la SUPEN tendría posibilidad de aprobar a los candidatos de los órganos y la alta gerencia, conduciría a una coadministración entre el supervisor y la operadora.