Una serie de observaciones realizó la Superintendente General de Valores María Lucía Fernández Garita al Expediente 22.893 Promoción y apertura del mercado de deuda pública interna costarricense y los efectos que tendrá la aprobación de la iniciativa.
La titular de la Superintendencia sostuvo ante la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios donde se tramita la iniciativa que el proyecto apunta a una modernización parcial de la Ley Reguladora del Mercado de Valores y no responde a una visión integral para la organización y desarrollo del mercado.
Aseguró que se crean nuevas competencias al Ministerio de Hacienda sin una articulación adecuada y se amplía los roles del Banco Central de Costa Rica en los servicios de anotación en cuenta, colocación y compensación – liquidación para el 90% de los activos negociados en el mercado.
Otra de las objeciones que señalo es la reforma diferentes leyes que aseguró no tienen conexión provocando asimetrías entre participantes del mercado y según aseguró hay una ausencia de capacidades del regulador para realizar una supervisión de participantes extranjeros bajo otras jurisdicciones.
El diputado Carlos Felipe García Molina consultó si es necesario emitir nueva normativa para combatir la capital golondrina y la posible distorsión en la fijación de precios y la exoneración de renta a no domiciliados.
Ante las objeciones que hizo la superintendente la diputada Pilar Cisneros Gallo consultó sobre la posición que tiene la entidad sobre el proyecto y los cambios que a su criterio requiere.
Por su parte la legisladora Paulina Ramírez Portuguez consultó sobre la posibilidad de que se rompa con el principio de concentración de aprobarse el proyecto, la superintendente confirmó que dicha posibilidad es real.
Uno de los objetivos del proyecto es ampliar la base de inversionistas de la deuda pública, facilitando el acceso a los mecanismos de negociación de la deuda pública local, extendiendo la cantidad de participantes y con ello la disponibilidad de fondos prestables para atender las necesidades de financiamiento del Estado.
Con ello se pretende que el Ministerio de Hacienda pueda diversificar los tenedores de la deuda pública y no depender únicamente de la base inversora local.
El alargamiento del plazo al vencimiento de la deuda, es otro de los propósitos de la iniciativa pues al haber una mayor base inversora extraterritorial se ampliaría el plazo al vencimiento de la deuda interna en el mercado local y facilitaría la administración de los riesgos de refinanciamiento en el corto plazo.
Contraloría apoya creación de sistemas de inversión pública
En audiencia con la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, la Contralora General de la República, Marta Acosta destacó como muy positivo la creación de un sistema de inversión contenido en el Expediente 22.470, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y resaltó como muy importante la discusión legislativa sobre este tema para el desarrollo del país y para hacer un cambio de visión alrededor del uso de los recursos del Estado.
La Contralora comentó que sobre este proyecto se sugiere vincular política de inversiones con las políticas a nivel macro, con el sistema de administración de deuda pública y con el establecimiento de criterios mínimos para la inversión pública.
Asimismo, sugiere incorporar en los mecanismos de coordinación del sistema a los actores reguladores y gestoras de financiamiento para lo cual resaltó que debe formarse a los funcionarios responsable, incorporar las labores de mantenimiento de obras públicas en la fase final.
Aseguró que es necesario dotar una ley que se desarrolle en múltiples sectores para la sostenibilidad fiscal y que se ajuste a todo el sector público, situación que no se produce en la actualidad pues cada institución maneja el tema de las inversiones según sus propios criterios.
En respuesta a la diputada Rosaura Méndez Gamboa, la Contralora destacó que el Ministerio de Planificación (Mideplan) tiene en estos momentos sobre sus hombros la aplicación del tema del empleo público, razón por la cual debe pensarse en mayor plazo para su entrada en vigencia con el fin de darle la oportunidad clarificar cuánto debe, cuánto paga y a qué plazos está endeudado el estado costarricense.
La Contraloría General de la República es del criterio que definirse una política pública hacia la cual confluya todo el sector público dado que toda la legislación nueva en la materia debe tener un carácter transversal que cubra todo el aparato estatal al igual que un glosario para interpretar conceptos que son muy técnicos.
En respuesta al diputado Leslye Bojorges León, Acosta manifestó que la propuesta se debe mejorar mediante un marco orientador que exprese hacia dónde va la política pública de inversiones, su carácter de eficiencia, de transparencia, de bienestar para la ciudadanía, así como su sostenibilidad en el largo plazo, son conceptos que deben formar parte del proyecto.
La Comisión acordó crear una subcomisión para que en un plazo de 30 días brinde un informe sobre este proyecto de ley y reciba en audiencia a todos los funcionarios que se han convocado para que se refieran por el fondo sobre esta propuesta de ley en el campo de la inversión de los recursos públicos.
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