Es evidente que la corrupción y los conflictos de interés entre grandes empresas, universidades, el gobierno y partidos políticos han erosionado la participación ciudadana y debilitado el debate público en Costa Rica. Esta problemática se ha convertido en una lucha económica que afecta no solo el ámbito electoral, sino también la capacidad de la sociedad para autodefinir su economía, cultura y derechos humanos.
Además, la pérdida de recursos en la seguridad pública y la debilitación de la ley, que permite la liberación de individuos capturados con armas de asalto, se suman a la creciente preocupación. Las campañas para restringir el acceso de la ciudadanía a armas también generan un debate crucial sobre la autonomía y seguridad de los ciudadanos. En este contexto, surge la pregunta: ¿Está Costa Rica experimentando un golpe de estado suave similar al de Venezuela?
Ante este panorama, es imperativo que el pueblo ejerza su derecho a la autoconvocatoria para impulsar acuerdos sociales que proporcionen herramientas efectivas contra la infiltración de la mafia organizada en los tres poderes del Estado. Establecer la categorización de «Delitos de Lesa Patria» y «Delitos de Traición a la Patria» es una medida acertada, pero es crucial definir estas categorías con precisión para evitar interpretaciones subjetivas.
Además, la propuesta de crear consecuencias judiciales sin prescripción para estos delitos es un paso significativo hacia la rendición de cuentas a largo plazo. Sin embargo, es esencial garantizar que cualquier medida tomada no lleve a un sistema de justicia paralelo que pueda ser propenso a la manipulación o decisiones impulsivas.
La idea de empoderar al pueblo como un primer poder, según lo contemplado en la Constitución, para juzgar a funcionarios corruptos es valiosa. Sin embargo, se debe implementar con precaución para evitar posibles abusos. Se requieren salvaguardias para garantizar imparcialidad y transparencia en este proceso.
Fomentar el debate público es fundamental para contrarrestar la manipulación de la opinión pública y para garantizar que las voces críticas no sean censuradas. Aquellos que buscan restringir la libre expresión mediante la ley; deben ser considerados como traidores a la patria, ya que obstaculizan la capacidad de cuestionar actos de corrupción.
En futuras publicaciones, es recomendable profundizar en estas propuestas y generar un debate amplio entre los costarricenses. La colaboración entre la sociedad civil, el gobierno y otras partes interesadas es esencial para construir soluciones efectivas que protejan el sistema democrático y garanticen la rendición de cuentas de aquellos que atentan contra la soberanía, la libertad y los derechos humanos en Costa Rica.
En el siguiente documento encontrará un borrador que hace una propuesta de debate público, para impulsar una herramienta contra la corrupción institucionalizada y ahora promovida desde una agenda internacional muy preocupante. Además, puedes seguir el espacio de Alerta2030 para conversar de estos temas.
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