• En enero de 2018, apegado a la legalidad, el ICE rescindió –según el acto final– el contrato con Hidrotárcoles S.A. relacionado con el Proyecto Hidroeléctrico Capulín–San Pablo.
• Esta decisión obedeció a que Hidrotárcoles S.A., conformada, entre otros, por los accionistas Constructora Sánchez Carvajal e Hidro Brujo S.A., no cumplió con la fecha máxima de inicio de venta de electricidad al Instituto, contractualmente establecida para el 1 de agosto de 2015.
• Debido a que existen dos procesos abiertos contra el ICE en los Tribunales de Justicia –por parte de Hidrotárcoles S.A y el Banco Nacional– por lo expuesto, el Instituto no se referirá a los mismos.
• Pese a que Hidrotárcoles S.A. recibió la totalidad del presupuesto estimado de la oferta por parte del ente financiero para construir la planta (por un monto de $107 millones), en agosto de 2015 no se alcanzó el avance que correspondía.
• La obtención del financiamiento para el desarrollo de la obra –y sus riesgos asociados– son responsabilidad de Hidrotárcoles S.A. De igual forma, y de acuerdo con el contrato entre las partes, todos los riesgos vinculados a la construcción corresponden al desarrollador.
• A 2023, la planta sigue sin ser finalizada, luego de más de ocho años de la fecha definida para su entrada en operación y sin que el Banco Nacional resuelva la situación con el desarrollador.
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