En una manifestación en las afueras del Ministerio de Salud, un grupo de costarricenses pro derechos humanos, (desconocemos cuando), comentan que si el gobierno no suspende la inoculación obligatoria ya, regresaremos a las calles y tomaremos medidas.
Son millones de dorales de fondos públicos y el país no tiene derecho a conocer los efectos adversos por medio de un concentimiento informado, al menos la farmaceutica Pfizer documenta que no es recomendable inocular mujeres embarazadas, y mas de 1000 efectos adversos que no se estan informando a la población.
La particular manipulación de la ley para que el pueblo no pueda cuestionar cientificamente, aun con la falta de criterios cientificos que indicó la Comisión de Vacunación, el gobierno aun no se abre el debate público.
La CNVE indicó que las medidas buscaban simplemente que todos se vacunaran, sin embargo, las sustancias estaban es su momento por vencerse y solicitaron poder cambiar las fechas por medio de un codigo QR para que las mismas no estuvieran en las ampollas.
El impulso mediatico injustificado, podría llevar a que se demuestre no solo el saqueo de millones de dolares de fondos públicos, sino que se ha expuesto la salud publica a miocarditis y pericarditis, incluso la inoculación en personas con contraindicaciones podría llegar a valorarse como delitos contra la vida en un futuro, lastimosamente solo en un debate público se podrá comparar pruebas y llevar a la cárcel si fuera el caso, a quienes abusaron de sus cargos en la función pública.