Señores diputados, ¿existe corrupción en la Prensa Institucional?

Los funcionarios públicos que ejercen en las instituciones de los tres poderes del Estado deberían ser analizados por el Ministerio Público, dado que algunas prácticas que se vienen presentando podrían ser resultado de conflictos de intereses, lo cual desestimula la correcta información ciudadana.

Los comunicados, como principal razón de ser, deben impulsar el conocimiento de la población sobre las acciones y consecuencias del manejo de los recursos públicos. Su difusión parte desde el departamento de prensa, donde se debe tener claridad y transparencia, sin emitir juicios de valor a favor de la institución en la que trabajan. El salario de estos funcionarios no está destinado a realizar propaganda, sino a generar información para la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos provenientes de fondos públicos.

Actualmente, se invierte en hacer propaganda de noticias positivas, negando información real y transparente, generando exceso de publicaciones que aturden a la ciudadanía. Es importante recordar que la transparencia es un principio fundamental de la administración pública.

Estas prácticas pueden beneficiar a los medios de comunicación con mayores recursos económicos, pero golpean a los medios más pequeños, que a menudo son los elegidos por una parte de la sociedad para informarse sobre lo que ocurre en el país.

Además, estas prácticas pueden afectar a la comunidad ciega, ya que muchos comunicados se emiten en formato PDF, lo que complica su procesamiento. Esto impide que algunos medios puedan adaptarlos en plataformas como www.ilovepdf.com. Un comunicado en PDF no garantiza su oficialidad, pues puede ser modificado por personas con intereses oscuros. ¿Por qué inducir al error cuando esto afecta el cumplimiento de la Ley 7600? Las personas ciegas necesitan acceder al texto en formatos accesibles para poder informarse.

Los PDFs, además, pueden ser portadores de virus, lo cual no solo puede poner en riesgo a los funcionarios públicos, sino que cualquier distribuidor de contenido en redes sociales o plataformas de mensajería podría propagar archivos maliciosos que expongan a la ciudadanía a un posible hackeo. ¿La seguridad informática no es parte de la formación de los comunicadores sociales?

Otro problema son las noticias solapadas. Por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, a menudo se presentan dos noticias en un solo video, con un título que sugiere solo una de ellas. Esto puede causar que muchas personas, no interesadas en el primer tema, ignoren el segundo, lo que genera desinformación.

Estas prácticas han venido incrementándose desde el cambio de gobierno, al punto de que se ha propuesto un proyecto de ley en iniciativa popular en la Asamblea Legislativa. Dicho proyecto señala estas prácticas y cómo pueden afectar la correcta información de la ciudadanía en sus decisiones de participación.

En grandes rasgos, estas prácticas no solo afectan el derecho a la información, sino que excluyen a parte de la población e inducen al error, generando una falsa confianza en herramientas digitales que, además de poner en riesgo la información, pueden ser usadas para ataques de hackers en el país.

Por esta razón, es importante que los diputados conozcan esta información y analicen el proyecto que se encuentra en la oficina de iniciativa popular de la Asamblea Legislativa. No solo está en juego la seguridad informática del país, sino que se abre la puerta a la proliferación de noticias falsas, afectando sobre todo a los medios más pequeños que no cuentan con los recursos necesarios para procesar la información, incluso cuando proviene de un simple documento de Word.

Para detener la corrupción y el manejo de la opinión pública, es necesario que la información emitida por nuestras instituciones esté libre de ideologías personales. Los impuestos de los costarricenses no deben utilizarse para manipular la información pública.

Es fundamental diferenciar entre información y propaganda. Esta última debe ser analizada, ya que sirve para parcializar y manipular la información, y por ende, la opinión pública.

Es importante analizar ¿para que se presta todo esto?.

Opinión de Gerardo Ledezma.

Departamento de participación ciudadana recibe proyecto contra la Prensa Canalla – GerardoLedezma.com

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