El pasado 12 de abril, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, manifestaba “la situación de homicidios en Costa Rica es inaceptable, causa indignación, pero no es una situación nueva, como han querido hacer ver alguien o algunos sectores, que lo quieren hacer ver como una crisis”
Sin embargo, una semana después (19 de abril), el Gobierno presenta el plan denominado “Operación Costa Rica Segura”; esto nos evidencia que la realidad es que sí existe una crisis y un grave problema con la ola de violencia, homicidios y altos índices de criminalidad que vive el país.
La operación indica que el país tendrá hasta 9.500 policías más en la calle como una medida temporal y excepcional por un espacio de seis meses, reclutamiento de nuevos policías para cubrir plazas vacantes, y también se espera contratar 300 policías más gracias a un presupuesto extraordinario que se presentó a la Asamblea Legislativa.
Además, se contempla la inclusión de compra de patrullas, cámaras portátiles para policías, control de municiones y operativos de alto impacto. También, se presentaron por parte del Ejecutivo las iniciativas de ley con las que se pretende responder a la situación de creciente inseguridad y de ampliación del crimen organizado; tales como: Extradición de nacionales por delitos de tráfico internacional de drogas y terrorismo; Ley para resguardar la seguridad pública y contener los delincuentes que representan un peligro; Ley de control de armas; Modernización de intervenciones telefónicas; Ley para adecuar la respuesta de la justicia penal juvenil a los retos de la criminalidad violencia y delincuencia organizada; y Ley del Sistema Penitenciario Nacional.
¿Pero, serán estas medidas suficientes?
Para el director del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo-UNA), Norman Solorzano, “la seguridad ciudadana no puede verse desde la perspectiva de la inseguridad, pues eso es hacerle la seguidilla al crimen, y en esa carrera el Estado siempre resultará con alto grado de retraso e impotencia”.
Para Solorzano estas medidas deja expectativas abiertas y encontradas, y pone la interrogante de ¿qué le cabe esperar a la ciudadanía, que vive las cuestiones de la inseguridad en su cotidianidad? Por ejemplo, los proyectos de ley tendrán un cauce que se deberá respetar, para garantía de todos y todas, lo cual no se debe olvidar nunca en el Estado constitucional de derecho. Esto implica que los eventuales efectos de la implementación de estos se darán en un mediano o largo plazo.
“Si bien se invirtieron pingües recursos públicos en la anunciada y esperada conferencia de prensa, a contrapelo de la tan defendida idea del Ejecutivo de que estamos en crisis y su énfasis en paliar el déficit fiscal, la ciudadanía tendrá que seguir lidiando con las situaciones que les provocan inseguridad en sus barrios y casas. Que las respuestas esperadas, mediante acciones claras, con objetivos precisos, recursos y responsables definidos, y mecanismos para la evaluación de los efectos de estas, tampoco han llegado en esta ocasión”, añadió el director del Idespo.
Por otro lado, Laura Solís, investigadora del Idespo, señala que el endurecimiento de las medidas punitivas podría no ser suficiente para atender este problema de preocupación para la población costarricense. “Es necesario recordar que, en materia de seguridad, las acciones que se deberían llevar a cabo para su atención deben realizarse desde múltiples aristas, por ejemplo, desde lo social, lo económico, lo cultural, entre otros aspectos, de forma que se analice el sentido estructural del problema; esto es de relevancia para generar acciones de prevención y atención de las causas de fondo de la inseguridad en el país”, afirmó.
Según el sociólogo Abelardo Morales, de la Escuela de Sociología UNA, “estas medidas son semejantes a la acción de los bomberos para evitar que el fuego se propague cuando un incendio está en estado avanzado. Pero la emergencia requiere medidas estructurales para contener el fuego, en este caso el fuego de la violencia, es decir, la cantidad de ejecuciones, el número de delitos de toda naturaleza y las causas de la violencia que están acabando con la idílica paz social en este país”.
Las sociedades deben avanzar hacia modelos de organización de la seguridad pública atendiendo las diversas dimensiones del fenómeno, tanto la acción punitiva sobre los delitos, pero también el desarrollo de acciones de carácter estructural. Estas acciones competen tanto al cuidado de la producción económica y a su organización, como el de la convivencia social, el cuidado de la salud, la cultura y la educación.
“El estado y las administraciones de gobierno en su enajenación ideológica hacia una falsa ineficiencia administrativista se han olvidado de ello y lejos de resolver los problemas de la seguridad, con un equivocado enfoque de la securitización, por el contrario, pueden acabar atizando aún más el incendio”, concluyó Morales.
Fuente: UNA
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