La Sala Constitucional reafirmó la labor de control de legalidad que realiza la Defensoría de los Habitantes, sobre las actuaciones y omisiones de la administración pública. Esto quedó evidenciado en una reciente resolución, en la que las y los Magistrados estudiaron un recurso de amparo interpuesto por un habitante alegando demora injustificada en la atención de una solicitud que presentó ante este ente defensor.
En un informe presentado ante las y los Magistrados, la Defensoría demostró que la intervención institucional, para atender la denuncia del habitante, conllevó el despliegue de actividades propias de un procedimiento administrativo ordinario de defensa, que debió en igual sentido, realizar acciones de atención y seguimiento ante la administración activa (institución denunciada). Pese a que el caso es complejo, se ha atendido de manera eficiente, proactiva y dentro de los términos y plazo de ley por parte de la Defensoría.
“Se constata que el reclamo objeto de este recurso deviene prematuro, dado que, a la luz del artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública, la parte accionada dispone de un plazo de dos meses para resolver ese tipo de cuestión (…). “(…)A la fecha de interposición del amparo, a saber, el 24 de noviembre de 2021, la Defensoría de los Habitantes se encontraba en plazo para resolver y comunicar el resultado de la denuncia de marras, la cual fue interpuesta el 1° de octubre de 2021. Ergo, el recurso deviene prematuro y, por ende, se declara sin lugar el amparo”, manifestó la Sala Constitucional en la Res. Nº 2021028131 de las 9:20m, del 17 de diciembre de 2021.
Para la Defensoría de los Habitantes, esta resolución de la Sala Constitucional viene a reafirmar la labor de control de legalidad que realiza la institución, siempre velando por los derechos e intereses de los y las habitantes. “La Defensoría mantiene el compromiso de realizar su labor en respeto a los derechos constitucionales de las y los habitantes; atendiendo todas las consultas o denuncias en tiempo y forma; tal y como lo exigimos a otras instituciones públicas”, manifestó la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho.
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