Este martes la empresa Riteve, actual prestataria del servicio de Revisión Técnica Vehicular (RTV) presentó una serie de consultas sobre el concurso publicado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para brindar el servicio de inspección técnica.
Dicho documento fue presentado ante el MOPT y la Contraloría General de la República con el fin de aclarar dudas sobre el cartel que se publicó en el sitio web de ese ministerio la semana anterior.
Tras el anuncio del gobierno, la empresa se dio a la tarea de revisar el documento oficial, con la intención de valorar las decisiones a tomar a partir de esto, sin embargo, se detectaron una serie de vacíos, contradicciones y posibles inconsistencias legales que no permiten tener claro el panorama de la propuesta.
“Dado que nos encontramos toda esta situación, es difícil para esta empresa tomar la decisión de si participar o no en este concurso. Para cualquier empresa ética y responsable es indispensable tener claros los detalles y estar seguros de que el concurso cumple con una base legal sólida y que en efecto vaya a llegar a buen término”, comentó Jennifer Hidalgo, subgerente de Comunicación de Riteve.
Según agregó la vocera, la empresa estará atenta a las aclaraciones de todos estos puntos para poder entonces tomar las decisiones sobre una posible participación o no en el concurso y el futuro de sus operaciones.
Entre los puntos contemplados en el documento se encuentran:
- Legalidad del uso de la figura de “Permiso en Precario” para un servicio público de esta magnitud respecto a la Ley de Tránsito y la Constitución Política.
- Legalidad de la omisión de requisitos que aseguran calidad del servicio, específicamente lo relacionado a la acreditación del Ente Costarricense de Acreditación (ECA), como requisito de ley.
- Inconsistencias respecto a las tarifas que se planean ofertar, las vigentes y las determinadas por el ARESEP, ante una posible incompatibilidad legal del uso de estas.
- No se detallan las situaciones operativas con respecto a la cantidad de líneas que deben ofertarse.
- Falta de publicación del pliego de condiciones en los medios oficiales (diario oficial La Gaceta o Sistema Integrado de Compras Públicas).
- Ausencia de detalles respecto a las condiciones de sustitución y adquisición de equipos.
- Plazos de difícil o imposible cumplimiento ante documentación extranjera que requiere ser presentada como requisito de oferta, afectando la posibilidad de participación de los oferentes (11 días hábiles para presentación de documentos consularizados o apostillados).
- Aclaración sobre requisitos de admisibilidad de las ofertas y preocupación ante la falta de proporcionalidad entre la experiencia requerida y el flujo real del servicio en la actualidad. (Se solicita una experiencia de 2 millones de inspecciones en 10 años, cantidad que representa apenas poco más de lo que se inspecciona en Costa Rica en un año)
- Ausencia de información para calcular la inversión necesaria a la operación.
- Ausencia de garantías que permitan asegurar una participación de oferentes de calidad.
