¿Radio Zurquí enfrenta intento de censura previa en disputa judicial con empresario?
Opinión | La libertad de prensa enfrenta una dura prueba en Costa Rica, justo cuando debería ser un pilar intocable de nuestra democracia. Aunque la Constitución Política en su artículo 29 protege el derecho a la libertad de expresión, y los derechos humanos universales respaldan ese ejercicio, la realidad muestra cómo grupos políticos y económicos intentan distorsionar y restringir ese derecho fundamental.
El caso reciente del empresario Boris Vasir Marchegiani Carrero, quien mediante una solicitud de medidas cautelares busca impedir que el comunicador Erick Sojo Marín, conocido como “Este Paisano” de Radio Zurquí, se refiera a cualquier aspecto relacionado con una disputa procesal, ejemplifica un preocupante avance hacia la censura previa. Esta medida judicial, solicitada el 23 de julio de 2025, podría sentar jurisprudencia y convertirse en un mecanismo para amordazar a la prensa crítica, vulnerando la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos.
No es un hecho aislado. Casos como el de Juanbacaminando ya evidencian esta tendencia de usar el Poder Judicial para amedrentar a periodistas y activistas, estrategia que ha sido característica de regímenes autoritarios en América Latina, como el caso de Venezuela. Allí, el control judicial y político ha limitado gravemente la libertad de expresión, amparando gobiernos vinculados a redes de narcotráfico y grupos terroristas.
Esta dinámica se agrava en un contexto continental donde la narcopolítica y la financiación de ideologías radicales por grupos como el Foro de Sao Pablo buscan influir en la política, la academia y la sociedad civil. Tales influencias, a menudo opacas y violentas, amenazan la pluralidad y la transparencia necesarias para una democracia saludable.
La censura previa no solo es un atentado contra la prensa; es un peligro para toda la sociedad. La ausencia del debate público abre la puerta a la corrupción y a la impunidad, especialmente cuando la denuncia pública es el principal mecanismo para vigilar la conducta de funcionarios públicos y sus vínculos privados. El derecho a informar y a ser informado no puede estar atado ni censurado bajo ninguna circunstancia.
Si alguien considera que un periodista miente o comete un error, la vía correcta es demostrarlo ante la justicia con pruebas. Nunca el silencio forzado o la censura anticipada pueden ser la solución. La justicia debe ser imparcial, garantizando el debido proceso y la veracidad probatoria, sin caer en prevaricatos.
Además, casos de activistas ambientales y comunitarios en zonas como Guanacaste o la Península de Nicoya reflejan cómo se usan denuncias y amenazas legales para intentar acallar voces que defienden tierras y comunidades frente a intereses empresariales, especialmente en áreas afectadas por la gentrificación y el turismo masivo.
¿Estamos frente a una querella legítima o a una solicitud de censura previa contra Radio Zurquí? La respuesta que se dé a esta pregunta marcará la salud democrática de Costa Rica. Defender la libertad de prensa es defender el derecho de todos a la verdad y al debate público sin miedo ni represalias.
