¿Quién pone la música? El riesgo de entregar los medios a las agencias de publicidad

Estar en una agencia de publicidad no es un delito. Pero sí debería ser motivo de atención pública. Hoy, esas agencias tienen un poder creciente sobre los medios de comunicación, no solo por los millones que canalizan en pauta gubernamental, sino por la influencia que ejercen en la narrativa pública.

La línea entre la información y la manipulación es cada vez más delgada. Desde mi experiencia directa, he notado cómo las agencias pueden ser utilizadas como brazo operativo de grupos que buscan controlar lo que se dice, se oculta o se distorsiona. En nombre del “mensaje institucional”, se ha llegado incluso a atacar a medios y periodistas que simplemente reproducen noticias internacionales. ¿Por qué? Tal vez porque el crimen organizado ya está adentro y no quiere verse expuesto.

Incluso el Colegio de Periodistas de Costa Rica (COLPER) parece haber cedido. Al incluir el término “afines” en su estatuto, abrió la puerta a perfiles ajenos a la práctica del periodismo: comunicadores institucionales, publicistas, diseñadores. ¿Qué hace un diseñador opinando sobre la ética de un periodista de calle? ¿Qué voz crítica puede tener alguien cuya función depende de no incomodar a sus clientes o empleadores?

Este desdibujamiento del periodismo tiene consecuencias reales. Por ejemplo: nuestro medio ha recibido comunicados oficiales del Gobierno enviados directamente por agencias de publicidad, tambien hemos recibido publiperiodismo a correos que usamos exclusivamente a nivel gubernamental. Nadie nos pidió permiso. ¿Quién filtró los correos privados? Periodistas institucionales que comparten gremio, pero no principios. ¿Es ilegal? No. ¿Es inmoral? Sí. Un periodista sin ética es simplemente un operador. Y un operador sin valores puede vender la patria por un contrato.

El problema no termina ahí. Esas mismas agencias viven de un modelo donde el 90% de la pauta gubernamental se concentra en pocos medios. En paralelo, el país guarda silencio ante temas como la evasión fiscal, los abusos del régimen de zonas francas, y las condiciones laborales que destruyen familias enteras con horarios que benefician al capital pero quiebran la sociedad. ¿Quién dice algo? ¿Quién puede, si la misma agencia que compra espacios también puede imponer las reglas del juego?

¿A qué juego me refiero? A que nuestro medio se negó a publicar publirreportajes sin identificarlos claramente como publicidad. ¿Y qué respondieron muchos? “Todo el mundo lo hace”. Esa es la diferencia entre lo legal y lo inmoral. La ética ve más allá del momento: entiende que ceder una vez abre la puerta al crimen organizado, a la manipulación informativa y a encubrir chorizos. Para nosotros, la ética no se negocia. Por eso cerramos CRprensa, porque no íbamos a sacrificar nuestros principios por ingresos. ¿Cuántos medios pueden decir lo mismo? ¿O simplemente se acomodaron y dijeron: “así funciona el sistema”?

No es un asunto de conspiración, es un asunto de control. Mientras se normalizan prácticas que recuerdan a regímenes autoritarios —como la creación de una agencia nacional de empleo que subsidia con fondos públicos la contratación privada— seguimos viendo cómo se protege a grandes empresarios y se silencian los abusos que afectan a los pequeños.

¿Hasta cuándo vamos a tolerar esto? ¿Quién defiende al periodismo que no se vende? ¿Quién garantiza que la prensa siga siendo libre si el que paga la fiesta también dicta la música?

En mi opinión, las autoridades deberían investigar a las agencias de publicidad. ¿Quién quita y esas investigaciones revelan miles de millones en lavado de dinero, o incluso vínculos con el narcotráfico? ¿Qué pasa si el dinero viene desde agencias extranjeras? ¿Damos aviso a la Interpol? Seguir confiando, en estos tiempos, en el modelo tradicional de estafas y abusos es ingenuo. Las agencias se han convertido en una herramienta política clave, especialmente cuando aparecen los supuestos mesías con el viejo discurso de “¡confíen!”. Pero ninguno de ellos busca realmente fortalecer la institucionalidad.

La independencia tiene un costo. Pero rendirse tiene consecuencias mucho peores.