¿Puede el Estado decidir sobre su salario? El ROP y la tutela del dinero de los trabajadores
Antes de hablar de pensiones, conviene hacerse una pregunta incómoda: ¿por qué el Estado decidió que una parte del salario de todos los trabajadores debía quedar obligatoriamente dentro del sistema financiero durante décadas? En un país con antecedentes de cierres bancarios, créditos millonarios incobrables y escándalos financieros, me planteo una duda: ¿el ROP nació realmente para proteger la vejez de los trabajadores, o también para garantizar una fuente constante de capital al sistema financiero?.
En una democracia, el salario pertenece al ciudadano. Sin embargo, en Costa Rica una parte de ese ingreso no puede decidirse libremente. La ley obliga a entregarlo a un sistema que el trabajador no puede rechazar ni controlar. Ese sistema es el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP).
El ROP fue creado mediante la Ley de Protección al Trabajador (Ley N.º 7983). Desde entonces, todos los trabajadores formales deben aportar obligatoriamente una parte de su salario a una cuenta administrada por operadoras de pensiones supervisadas por la Superintendencia de Pensiones.
No es una elección. Es una imposición legal.
El trabajador no puede decidir si desea ahorrar ese dinero, invertirlo por su cuenta o usarlo para resolver necesidades presentes. El sistema establece que esos recursos deben quedar retenidos durante décadas bajo administración institucional, pero en manos del sistema bancario.
En la práctica, esto significa que el Estado decide qué hacer con una parte del salario de cada ciudadano, indistintamente si el ciudadano tiene la capacidad para duplicarlo o triplicarlo, simplemente se aplica de forma indiscriminada, lo que puede generar que ciudadanos no puedan surgir con un emprendimiento y contar con mejores ingresos de los que puede ofrecerle el sistema bancario.
El punto central del debate es simple: el ROP convierte una parte del ingreso privado en un ahorro obligatorio bajo tutela estatal, ¿es normal en un sistema democrático?, ¿es el estado mas inteligente que el pueblo que lo integra? en mi opinión aquí hay gato encerrado.
El problema no termina ahí. Costa Rica ya tenía un sistema obligatorio de pensiones antes de la creación del ROP. Ese sistema es el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social.
Ese régimen existe precisamente para financiar pensiones durante la vejez. ¿Se esta duplicando un seguro que administra la CCSS? pues la Constitución Política así lo establece, y señala que todo seguro obligatorio debe ser administrado por la CCSS.
Entonces surge la pregunta incómoda: si ya existe un sistema obligatorio de pensiones, ¿por qué el trabajador está obligado a financiar un segundo sistema? a pesar de casos donde bancos como el Credito Agrícola de Cartago y el Banco Anglo habrían quebrado.
En mi opinión, el ROP representa una duplicidad parcial dentro del sistema previsional. El trabajador termina financiando dos mecanismos obligatorios con el mismo objetivo: asegurar ingresos en la vejez.
Pero el cuestionamiento más profundo no es técnico. Es político.
El ROP parte de una premisa clara: ¿el ciudadano no debe decidir completamente sobre su propio dinero. El Estado lo hará por él?.
Ese es el principio de tutela.
Bajo este modelo, una parte del salario deja de ser una decisión personal y pasa a convertirse en un recurso administrado por instituciones financieras durante décadas.
El trabajador junto con el patrono genera el ingreso, pero no controla completamente su destino.
La pregunta que queda abierta es inevitable: en una democracia, ¿hasta dónde puede llegar el Estado para decidir cómo deben administrarse los recursos de los ciudadanos?.
El debate sobre el ROP no es solo sobre pensiones. Es sobre libertad económica, propiedad y el límite real entre el poder del Estado y el derecho de cada persona a decidir qué hacer con el dinero que gana con su trabajo.
Una pregunta inevitable surge antes de analizar estos antecedentes: ¿por qué el sistema financiero necesitó crear por ley un mecanismo obligatorio que concentra miles de millones del salario de los trabajadores en fondos administrados institucionalmente? A la luz de crisis bancarias, créditos incobrables y escándalos financieros ocurridos en el país, algunos críticos plantean una duda directa: ¿fue el ROP únicamente una política de pensiones, o también una forma de asegurar una fuente permanente de capital para un sistema financiero que ya había sufrido pérdidas y cuestionamientos?
¿El ROP en el sistema financiero?
La discusión sobre el control del dinero de los ciudadanos no puede analizarse aislada de la historia financiera del país. Costa Rica ya tiene antecedentes claros de cómo la administración institucional de grandes recursos ha terminado en crisis bancarias, pérdidas públicas y créditos de difícil recuperación.
El caso más emblemático es el del Banco Anglo Costarricense. En 1994 el banco fue intervenido y posteriormente cerrado por ley después de que salieran a la luz operaciones financieras de alto riesgo, inversiones fallidas y una cartera crediticia deteriorada. Parte del problema estuvo relacionado con créditos otorgados sin respaldo suficiente y decisiones financieras que terminaron comprometiendo el patrimonio de la institución. Años después del cierre, una gran parte de la cartera seguía en procesos de cobro judicial, con miles de millones de colones considerados prácticamente incobrables.
El cierre del Anglo no fue un episodio aislado. El Banco Crédito Agrícola de Cartago, conocido como Bancrédito, también terminó desapareciendo del sistema financiero. En 2018 el Estado ordenó su absorción por el Banco de Costa Rica tras años de deterioro financiero (banco que hoy al parecer alguien quiere comprar y por eso se podría estar intentando vender), problemas de liquidez y una estructura de activos que no permitía responder a sus obligaciones inmediatas. El banco llegó a acumular deudas superiores a los ciento treinta mil millones de colones con el propio Estado.
Recordemos que la ex presidente del BCR, la sra Paola Mora denunció que en ese banco se ha lavado dinero para financiar campañas políticas. ¿Ha escuchado usted que esto se investigue?
A estos antecedentes se suma el caso Yanber. Entre 2014 y 2015 la empresa obtuvo decenas de millones de dólares en créditos de bancos públicos y privados mediante la presentación de información financiera que posteriormente fue cuestionada por las autoridades. Investigaciones legislativas señalaron que parte de esos créditos se otorgaron con garantías insuficientes o bajo evaluaciones de riesgo deficientes, lo que terminó comprometiendo recursos del sistema financiero.
Otro episodio que sacudió la confianza pública fue el llamado “Cementazo”. El caso involucró créditos millonarios otorgados por el Banco de Costa Rica para financiar la importación de cemento chino. Las investigaciones del Ministerio Público y las comisiones legislativas apuntaron a posibles presiones políticas, tráfico de influencias y decisiones irregulares en la aprobación y renovación de los préstamos.
Estos casos muestran un patrón que se repite a lo largo de décadas: grandes créditos otorgados bajo decisiones cuestionadas, recursos institucionales expuestos a riesgos elevados y procesos judiciales que se extienden durante años sin recuperar completamente el dinero.
Ese historial plantea una pregunta incómoda en el debate sobre el ROP. Si el país ya tiene antecedentes documentados de crisis bancarias, créditos incobrables y operaciones financieras cuestionadas dentro del sistema institucional, ¿por qué debería asumirse sin discusión que las estructuras creadas por ley administrarán siempre de forma más responsable el dinero de los trabajadores que los propios ciudadanos?
La pregunta no es menor. Cuando el Estado obliga a los trabajadores a entregar una parte de su salario a un sistema que ellos no controlan, el debate deja de ser únicamente financiero. Se convierte en un debate sobre confianza, poder y el límite de la tutela estatal sobre el patrimonio de los ciudadanos.
