Los países de América Latina, que vienen siendo secuestrados por la mafia organizada, que transforma la ley para atrincherarse en el gobierno, ya está afectando en Costa Rica en los últimos periodos presidenciales, hablamos de gobiernos del PLN y el PAC.
Propuestas en perjuicio de los costarricenses ya no pueden etiquetarse de “se hace con la mejor intención”, y debe analizarse el silencio de los contrapesos, y la afectación de los derechos humanos y constitucionales lesionados.
Preocupante la falta de consecuencias para los involucrados al caso UPAD, ademas del silencio ante los abusos policiales al gasear casas en Altamira de San Carlos, en Loma Verde de Pérez Zeledón y el Cañas Guanacaste, ademas de los arrestos a periodistas en Cañas y Ochomogo.
Pero ahora, según advierte el abogado Constitucionalista Fernando Zamora, el proyecto de ley 22,063 reforma del articulo 24 la Constitución Política podría convertirse en una amenaza a la población costarricense.
Al crearse una ley, no solo debe analizar los beneficios contra la lucha contra el crimen organizado, sino que también debe contemplarse de que dicha herramienta no sirva para abusos de poder, ya que nuestro sistema democrático no tiene filtros que puedan analizar las intenciones de las personas cuando buscan un puesto de poder político.
El proyecto fue presentado a la corriente legislativa por la ex-diputada Silvia Hernández de Liberación Nacional, y acompañada con la firma de los también liberacionistas: Luis Fernando Chacón, Gustavo Viales, Paola Valladares, Carlos Ricardo Benavides, Wagner Alberto Jiménez, Ana Lucía Delgado, Luis Antonio Aiza, Yorleny León, Jorge Luis Fonseca y Karine Niño.
Propuestas como estas son la que se usaron en Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde los gobiernos totalitarios se atrincheran en el poder, y utilizan a las distintas policías para callar a los grupos sociales que buscaban defender el sistema social de derecho que mantenían, ahora, las autoridades le siembran casos y le manchan la imagen a los lideres sociales para evitar obstáculos a sus intereses de control social.
La actual Asamblea Legislativa voto la Admisibilidad de Reforma Constitucional el 6 de julio de 2022, con 49 votos a favor y solo el voto en contra del diputado liberacionista Danny Vargas.
Y es que desde hace años se conoce que Costa Rica viene siendo secuestrada por la mafia y el narcotráfico, donde periodistas como Ivania Mora y Parmenio Medina fueron silenciados en manos de gatilleros, pensar que en el país hay una justicia pronta y cumplida, es estar divorciado de la realidad.
Es urgente que los Costarricense se organicen desde las comunidades para analizar la conducta de los funcionarios públicos, es importante desarrollar desde nuestras comunidades las herramientas de protección de nuestros sistema democrático y la defensa de nuestros derechos constitucionales.
«Los diputados proponen reformar la Constitución para que simplemente baste una ley ordinaria que alegue que una conducta que usted cometió contra los derechos de otro ciudadano o contra algún asunto de interés público o simplemente contra la seguridad del Estado, o cualquier tema de salud pública, y esto baste para que le limiten su libertad de comunicarse, el derecho a la privacidad, su derecho a la intimidad de datos personales y se de la posibilidad que sus comunicaciones privadas sean vigiladas por el Estado». Dijo Fernando Zamora
Esto no solo puede afectar a los lideres de lucha social, a medios de comunicación, sino a todo aquel que quiera denunciar corrupción en el gobierno, en cualquiera de sus tres poderes y sus dependencias.
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