El monto del proyecto de presupuesto del Poder Judicial para el 2022 enviado por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa es de ¢470.579 millones.
Por concepto de la partida de Remuneraciones, incluyendo cargas sociales, se formulan ¢387.500 millones, correspondientes tanto al personal operador de justicia, como lo son personas jueces y juezas, personal técnico que atiende los despachos, así como personal del Ministerio Público, OIJ, Defensa Pública, entre otros.
Del total de esta partida, el 38,6% corresponde al pago de salarios de las 4598 personas que componen la judicatura, incluyendo personas juzgadoras y el resto del personal no juzgador destacado en los juzgados y tribunales de todo el país. El restante 61,4% de la partida, cubre los salarios del resto del personal judicial, que por Programa tiene la siguiente distribución: Organismo de Investigación Judicial con 3316 funcionarios, el Ministerio Público con 1312, la Defensa Pública con 843, el Programa de Atención y Protección a Víctimas y Testigos con 284 y finalmente el Programa de Dirección y Administración, que brinda soporte al resto de los programas con 2330 puestos.
El presupuesto solicitado por la institución para el 2022 se apega a las directrices establecidas por el Ministerio de Hacienda, en cumplimiento con la regla fiscal, el impacto en el pago del Impuesto al Valor Agregado y los recursos adicionales destinados para la atención de los procesos de pensiones alimentarias de la Defensa Pública avalados por las autoridades hacendarias.
Finalmente, cabe indicar que con este proyecto de presupuesto se estará impulsando el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional 2019 – 2024, que entre sus objetivos estratégicos establece el resolver conflictos de forma imparcial, eficaz, para contribuir con la democracia y la paz social, optimizar los recursos institucionales e impulsar la innovación de los procesos judiciales para agilizar los servicios de justicia y dirigir la gestión judicial en función de las prioridades existentes, todo ello con el fin de maximizar el uso de los recursos en todos los programas institucionales.
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