¿Pleito personal o uso indebido del poder?
¿Uso de recursos públicos para asuntos personales? El enfrentamiento entre un diputado oficialista y un asesor de la DIS plantea dudas
El reciente enfrentamiento entre el diputado oficialista Manuel Morales y Hans Sequeira, asesor de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), ha revelado más que un simple altercado personal. Las acusaciones del legislador sobre un presunto seguimiento mediante rastreo GPS —presuntamente ejecutado por un funcionario del aparato de inteligencia nacional— ponen sobre la mesa un tema que no puede pasarse por alto: ¿se están utilizando recursos públicos para resolver disputas personales dentro del oficialismo?
El presidente Rodrigo Chaves desestimó la situación durante su habitual conferencia de prensa del miercoles, asegurando que se trata de “un tema íntimo y personal” entre los involucrados. “Son dos gallos picándose la cresta”, dijo, evitando referirse a cualquier posible investigación o sanción por parte del Ejecutivo.
El problema es que no se trata únicamente de un altercado verbal entre figuras del entorno político, sino de una denuncia directa sobre una posible acción de vigilancia ejecutada por un cuerpo de inteligencia del Estado. La DIS no es un ente cualquiera: responde directamente a Casa Presidencial y maneja recursos sensibles.
Hans Sequeira, quien fue cesado como director de la DIS durante esta misma administración, continúa vinculado a la institución como asesor. Morales asegura que el seguimiento no es un hecho aislado, sino parte de una dinámica en la que se han visto involucradas personas cercanas a él. Aunque no ha ofrecido detalles formales, la denuncia pública ya es suficiente para generar una alerta política y ciudadana.
Audio | Lic. Juan Herrera
Los recursos de la DIS son autorizados directamente por el presidente de la República, lo que deja abierta la posibilidad de que haya algo más detrás de este conflicto. ¿Se trata de un diputado oficialista que intenta salirse del control del Ejecutivo? ¿O estamos ante una pérdida de control del mandatario sobre las acciones de la DIS?
Cualquiera de los dos escenarios es preocupante. Indicaría que funcionarios del aparato de inteligencia podrían estar actuando por órdenes políticas encubiertas o, peor aún, sin conocimiento ni supervisión de sus superiores.
Eso representa una amenaza directa a la seguridad nacional. Porque si hoy un funcionario de la DIS puede seguir a un diputado por razones personales o políticas, ¿qué impediría que mañana sea reclutado por el crimen organizado?
En este contexto, resulta inevitable plantear la pregunta:
¿Está la DIS operando dentro de los límites institucionales o está siendo instrumentalizada para resolver conflictos personales dentro del círculo de poder oficialista?
La falta de pronunciamiento institucional, la ausencia de una investigación pública y la respuesta evasiva del mandatario alimentan la percepción de opacidad. En lugar de responder con firmeza, el Ejecutivo opta por el silencio o por frases coloquiales que no se corresponden con la seriedad del posible uso indebido de recursos del Estado.
Lo que hasta ahora se ha manejado como “un pleito entre gallos” podría convertirse en un nuevo foco de cuestionamiento sobre los límites del poder, el control del aparato de inteligencia y el uso de fondos públicos.
Porque si los recursos de la DIS se están utilizando fuera del marco legal, no estamos ante un simple pleito personal, sino ante una amenaza directa al principio de legalidad y al uso responsable del poder estatal.
El uso de recursos públicos para dar seguimiento a un diputado puede constituir persecución política, si se comprueba que el objetivo era intimidar, vigilar o interferir en su labor parlamentaria por motivos políticos.
Si un organismo del Poder Ejecutivo, como la DIS (Dirección de Inteligencia y Seguridad), usa fondos o personal para seguir a un legislador sin una justificación legal clara (como una investigación judicial avalada por un juez), eso rompe la separación de poderes y se podría interpretar como un acto de persecución.
En democracia, este tipo de acciones suelen verse como un abuso de poder y un riesgo para el Estado de derecho, especialmente si no existe una causa legítima o legal que lo respalde.