El Grupo de las Gentes del Mar, el cual agrupa a los distintos sectores pesqueros y molusqueras de Costa Rica junto a la Diócesis de Puntarenas, la Pastoral de las Gentes del Mar y la Pastoral Social Cáritas, le manifestamos al pueblo de Costa Rica y a la comunidad internacional:
La Organización de Naciones Unidas decidió que el tema a resaltar este año en el día mundial de los océanos, sería el de los mares como medio de vida y de subsistencia. A pesar de la importancia que tiene el océano para miles de familias en Costa Rica que dependen de la pesca artesanal para vivir, una iniciativa de conservación que está liderando el gobierno amenaza con despojarles de sus medios de vida. Se trata de la propuesta 30/30, desarrollada en el marco de la Coalición de Alta Ambición para la Naturaleza y las Personas, cuyo objetivo es crear áreas de protección en el 30% del territorio terrestre y 30% del territorio marino antes del 2030.
“Si bien esta iniciativa suena como una forma novedosa de proteger los ecosistemas marinos, lo cierto es que sigue la misma tendencia de otras medidas de conservación que han generado grandes problemáticas sociales en el escenario internacional. A nivel global, existe una historia de despojo, desplazamientos masivos, vulneraciones a los Derechos Humanos y violencia en perjuicio de las comunidades pesqueras, indígenas, costeras locales y de afrodescendientes, todo en función de la creación o la ampliación de áreas silvestres protegidas que se lleva a cabo sin contemplar los derechos económicos, sociales y culturales de las personas que ancestralmente han habitado en estos espacios. Este paradigma se denomina ‘conservación por exclusión’ y ha sido responsable del desplazamiento en diferentes zonas costeras.” Indicó Rolando Ramírez, pescador artesanal de Guanacaste e integrante del grupo de Gentes del Mar.
Por su parte, María Carillo, una peladora de camarón de Barra de Colorado e integrante del Grupo, manifestó: “Por la forma en que el gobierno ha venido manejando el programa del 30/30, resulta evidente que el proyecto está muy lejos de integrar en a las familias y comunidades de las más de 15.000 personas pescadoras y molusqueras que viven a lo largo de todo el Pacífico y el Caribe. En vez de promover modelos de pesquería responsables y sostenibles, resolver el problema de una inmensa mayoría que no tiene licencias, el proyecto 30/30 pretende crear grandes áreas protegidas a lo largo en las dos costas del país. Eso no solo supone privar a los pescadores de su único sustento, sino que implica también la destrucción de la vida comunitaria, la identidad cultural y el modo de vida propio de las personas pescadoras. Esto, sumado a la situación económica compleja y de alto desempleo en las provincias costeras, así como la ausencia de consentimiento previo e informado por parte los pescadores, resulta en un modelo de conservación vertical, irrespetuoso de los Derechos Humanos y de la dignidad de miles de costarricenses, la mayoría de los cuales se encuentra en una situación socio-económica vulnerable”.
Afortunadamente, existen otros paradigmas de conservación bajo los cuales es posible humanizar un proyecto como el del 30/30. La conservación basada en derechos supone potenciar las labores de conservación que realizan las comunidades, garantizando la protección del ambiente y la sostenibilidad de la pesca, sin vulnerar el derecho al trabajo, la seguridad alimentaria y demás Derechos Humanos de los habitantes de las costas. Este modelo es amparado en el ordenamiento jurídico costarricense, el cual contempla aspectos como el desarrollo sostenible democrático, el acceso justo y equitativo a los beneficios de la biodiversidad y la participación en la toma de decisiones ambientales.
Por su parte Donald Villareal, marino de la Comunidad de San Luis de Puntarenas manifestó que “Para replantear el proyecto 30/30, se requiere de un compromiso serio por parte de las autoridades, en donde se respete el diálogo y se conciban las problemáticas sociales y ambientales desde un punto de vista integral. Mientras esto no suceda, el Grupo de las Gentes del Mar se opone firmemente a la iniciativa 30/30 y a sus efectos devastadores para el pueblo y para los pescadores. La conservación de los océanos debe darse de la mano de la dignidad de las personas, no a costas de ella. Los pescadores también queremos gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como también merecemos que se respeten nuestros derechos y nuestra dignidad humana”.
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