El gobierno de Costa Rica se encuentra impulsando a nivel internacional la agenda 30×30, que implica la protección del 30% del territorio marino y del territorio terrestre para el año 2030. En el marco de estas acciones, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) se encuentra realizando un proceso de consulta con ciertos actores para analizar la ampliación del área marina protegida alrededor de la Isla del Coco.
El proceso está siendo financiado por la Fundación Amigos de la Isla del Coco (FAICO) y este cuenta con la participación de varias ONG de corte ambientalista. Hasta la fecha, el sector pesquero no ha podido participar de ninguna de las actividades y consultas, a pesar de que el proceso de consulta se encuentra cercano a su conclusión.
Aun cuando se les ha solicitado a las autoridades reiteradamente incluir a los pescadores en el proceso de consulta, el cual se encuentra próximo a finalizar, existe una evidente resistencia de la Administración para incorporarles.
La participación de la sociedad civil en la toma de decisiones ambientales ha sido un derecho reconocido a nivel nacional e internacional, lo cual implica también el contar con información previa para poder emitir una opinión adecuada e informada. Esto es especialmente relevante cuando las decisiones afectarán los medios de vida de miles de personas, muchas de las cuales se encuentran en condición de vulnerabilidad y que habitan en provincias con enormes tasas de desempleo.
Don Marco Seas como parte del grupo de organizaciones de pescadores de Puntarenas y Don Manuel Allan de los pescadores de palangre de Guanacaste que remitieron la nota a la Fundación FAICO, manifesto: ¨Los pescadores del Pacífico de Costa Rica solicitamos a FAICO la suspensión del financiamiento de la actividad hasta tanto no se garantice que las comunidades y organizaciones pesqueras que representan a miles de familias costeras puedan obtener información sobre el proceso de forma transparente y participar en la consulta pública¨
Pescadores de Palangre Cuajiniquil.
