Para la Defensoría de los Habitantes la voz de auxilio planteada en días recientes por las organizaciones de bien social que atienden a las personas mayores en los hogares de larga estancia y centros diurnos, al igual que aquellas que contribuyen con la prestación de servicios en las redes comunitarias de cuido a esta población, es una muestra clara de la urgencia de adoptar acciones para fortalecer la protección social de las personas en la edad de la vejez.
Considerando el avance del envejecimiento de la población en nuestro país dentro del cual la proporción de personas mayores ronda el 9.6% y se espera que para el 2050 alcance un 20% de la población total y con una marcada tendencia a vivir más años, resulta ineludible la revisión de las diversas políticas públicas ante los impactos y desafíos que plantea este fenómeno poblacional.
Tal y como lo ha venido diciendo esta Defensoría los servicios públicos y privados deben irse adecuando progresivamente para la atención de la población mayor conforme con sus necesidades particulares y derechos específicos. De manera especial a favor de las personas que requieren de apoyo y cuidados, dadas sus condiciones de riesgo y vulnerabilidad, cuya atención ha sido delegada en las organizaciones privadas a través de la transferencia de recursos públicos.
En ese sentido, la Defensoría ha reconocido los ingentes esfuerzos realizados por las organizaciones prestadoras de estos servicios para responder a las necesidades de atención impuestas por la pandemia. Asimismo, ha destacado la baja en la cobertura en los programas de protección social y las dificultades de la gestión frente al desafío de optimizar los escasos recursos disponibles para garantizar la atención de la población en cumplimiento de los derechos humanos de una forma verdadera, continúa e integral.
Es por ello, que hoy formula un llamado de atención al Estado costarricense para revisar las políticas existentes en la materia con miras a la adopción de acciones que concreten fuentes de financiamiento sostenibles, sin mayor fragmentación de los recursos en aras de no reproducir la desigualdad y de cara al cumplimiento de los compromisos suscritos por el país conforme con la agenda 2030 y a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores . Al igual que, asegurar un envejecimiento saludable, activo y con dignidad, que permita el pleno disfrute de todos los derechos humanos a las personas en la edad de la vejez.
Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes
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