No todo lo que el gobierno señale como FALSO lo es.
El negocio de las vacunas debe ser auditado por el pueblo: ¿corrupción institucional o políticas de riesgo sanitario?, pues cualquier argumento que lo cuestione es señalado como falso, ante el silencio de los colegios profesionales en la materia.
En varias partes del mundo, ya se han documentado casos donde empresas multinacionales han cometido actos de corrupción con altos funcionarios públicos, mediante contratos amañados que permiten el desvío de miles de millones en fondos públicos, dinero proveniente directamente de los impuestos de los ciudadanos.
En América Latina, el caso Odebrecht reveló cómo una constructora logró corromper a presidentes y diputados en al menos 12 países. Costa Rica, aunque con leyes de transparencia y probidad, no está exenta del riesgo, y el manejo de los fondos públicos debe estar bajo constante escrutinio.
El gobierno falsamente indicó que publicamos DATOS FALSOS, la Ministra dice desmentir porque no era esa la INTENCIÓN, sin embargo, ningun medio puede conocer intenciones, publicamos hechos.
Grupos de médicos y abogados han denunciado desde hace años los riesgos asociados a las vacunas contra el COVID-19. Hoy, algunas de esas advertencias han sido reconocidas por entidades como la FDA, que se ha visto obligada a exigir advertencias en los envases de estas sustancias, reconociendo efectos secundarios como miocarditis y pericarditis. ¿Entonces porque se censuró y persiguó a quienes si sabian y dijeron la verdad? esto debe ponernos a reflexionar de los metodos modernos de censura, donde incluso se utiliza el sistema judicial para silenciar a quienes los expone.
Estas condiciones fueron señaladas desde el inicio por profesionales que fueron censurados y perseguidos, mientras se promovía el miedo como herramienta de control. ¿Se trató de un error? ¿Una omisión deliberada? ¿Podemos seguir considerando que actuaron de buena fe cuando ignoraron advertencias científicas y técnicas?
Es urgente cuestionar si existen vínculos corruptos entre gobiernos y farmacéuticas. Tal como ocurrió con Odebrecht, debe exigirse una auditoría completa de los contratos firmados durante la pandemia, y que los funcionarios responsables rindan cuentas.
Además, hay preocupación por agendas ideológicas que promueven la reducción de la población mediante políticas como la normalización del aborto o el silenciamiento de voces disidentes en temas de salud. Todo intento de censura hacia quienes exigen transparencia y rigor científico debe ser condenado.
El cambio de discurso del propio Presidente de la República deja interrogantes: ¿cambió de opinión o de intereses? ¿Qué valor tiene la palabra de un mandatario que no cuestiona a su propio equipo de trabajo?, pues en la primer consulta sobre la abortividad que no se estaba anunciando a la población, el mandatario me indicó que “de ser cierto, yo no estaba haciendo una consulta“, estaba haciendo una denuncia, la pregunta es ¿que pasó con esa denuncia?, posteriormente visitó las oficinas de una farmaceutica y a la siguiente consulta le solicitamos un debate público, la respuesta del mandatario fue “no somos un gobierno anti-vacunas“.
La salud pública no puede ser rehén de intereses económicos o ideológicos. El pueblo tiene derecho a saber, exigir cuentas y auditar todo lo que se hizo en su nombre.
Opinión de Gerardo Ledezma.
