Muerte civil para los corruptos: una urgencia nacional

Opinión | La corrupción no solo roba dinero: destruye la confianza, debilita las instituciones y condena al país a la mediocridad. Frente a esta realidad, ya no basta con condenas simbólicas o procesos eternos que terminan en impunidad. Es momento de discutir con seriedad la implementación de la “muerte civil” para funcionarios corruptos: una sanción que les impida volver a ocupar cargos públicos o contratar con el Estado, de por vida.

La propuesta no es nueva, pero su necesidad nunca había sido tan urgente. En Costa Rica hemos sido testigos de cómo políticos, exministros, alcaldes o diputados señalados por actos de corrupción, reaparecen años después en planillas partidarias, asesorando desde las sombras o incluso postulándose para volver a cargos de poder. ¿Dónde queda el castigo social? ¿Dónde la garantía de no repetición?

La muerte civil no es venganza, es protección institucional. Quien ha traicionado la confianza pública para enriquecerse o beneficiar a grupos mafiosos, pierde el derecho a ser custodio del Estado. Así de simple. No se trata de linchamientos mediáticos ni juicios sin debido proceso, sino de una sanción firme, clara y jurídica para quienes han sido condenados por corrupción.

Vídeo explicativo de México.

El argumento de la “rehabilitación” pierde fuerza cuando hablamos de personas que, con conocimiento de causa, usaron el poder público para delinquir. Si un médico pierde su licencia por negligencia grave, ¿por qué un político corrupto puede volver a administrar fondos públicos?

Los partidos políticos también deben asumir su responsabilidad. Mientras sigan abriendo las puertas a fichas cuestionadas con tal de ganar elecciones, serán cómplices activos de la podredumbre institucional. La “muerte civil” debería extenderse incluso a la inhabilitación para integrar estructuras partidarias o ejercer puestos de confianza en instituciones descentralizadas.

Países como Perú, Colombia, Italia y Francia han implementado mecanismos similares. En algunos casos, no se permite a los corruptos ni siquiera inscribirse como candidatos. Costa Rica no puede quedarse atrás. No se trata de copiar modelos, sino de adaptarlos a nuestra realidad jurídica y democrática.

Este no es un debate técnico, es una decisión ética. La ciudadanía está harta de ver cómo la corrupción se recicla, cómo los mismos nombres aparecen una y otra vez, intocables. La “muerte civil” es una señal clara: si traicionas al país, no vuelves a tocar sus recursos.

Si queremos limpiar la política, blindar el Estado y recuperar la confianza de la gente, este es el camino. Lo demás, es complicidad.