El diputado Gilberto Campos Cruz denunció este martes, durante el espacio de control político de la sesión ordinaria del Plenario, que el Ministerio de Justicia y Paz y Radiográfica Costarricense (RACSA) guardan silencio sobre la operación y los resultados del monitoreo de los privados de libertad con tobillera electrónica.
El pasado 14 de junio, el legislador envió sendos oficios a Justicia y a RACSA en los que les solicitaba a ambas instituciones información sobre los resultados que ha dado hasta ahora el contrato entre ambas entidades, el cual entró en vigencia desde febrero pasado.
Campos lamentó el hecho de que en el caso de las tobilleras no conste un decreto de declaratoria de secreto de Estado emitido por el Presidente de la República, sino que tanto Justicia y Paz como RACSA se valgan de una sentencia de la Sala Constitucional del 2019 para no revelar información.
Entre los datos que las instituciones no quisieron revelar sobre la vigilancia de los privados de libertad están la incidencia de casos de dispositivos de monitoreo electrónico que han presentado problemas de conexión, carga o de otro tipo, así como el desglose de la cantidad de casos por tipo de fallo y en qué plazo promedio se han corregido los problemas.
También, consultó si Justicia y RACSA, así como la empresa privada contratada para brindar el servicio de monitoreo de privados de libertad pueden garantizar que cada una de esas personas está vigilada y ubicable siempre, así como si se cumple, en todos los casos, con las medidas impuestas por las autoridades.
Como se indicó, las instituciones se ampararon en el fallo de la Sala Constitucional para no responder las consultas del diputado herediano.
“Recordemos que este contrato en RACSA y Justicia nace después de los cuestionamientos que generó el contrato con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia por problemas en el monitoreo de los privados de libertad. Entonces, con justa razón, el pueblo debe saber si esos errores se están repitiendo o no en el caso del contrato entre Justicia y RACSA. Pero no podemos transmitir al pueblo esa información porque Justicia considera que los datos solicitados pondrían en riesgo la seguridad ciudadana.
“La solicitud es todavía más oportuna cuando vemos informaciones publicadas por la prensa, con fecha de principios de mayo pasado, en las que se recogen casos y denuncias de privados de libertad que afirman que los nuevos dispositivos que se utilizan para monitorearlos presentan problemas de carga que les han provocado algunos problemas con las autoridades. Es necesario saber si estamos ante un nuevo caso de problemas con el proveedor de los dispositivos para el monitoreo de estas personas, pues es mucho dinero público el que está en juego, puesto que monitorear a cada uno de los privados de libertad cuesta ¢5,3 millones al año con cargo a los contribuyentes”, advirtió Gilberto Campos Cruz.
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