Millones generados en Papagayo mientras disputa por Hacienda Los Palmares sigue sin resolverse

Han pasado más de cuatro décadas desde que la familia Paniagua Mendoza inició su reclamo por la Hacienda Los Palmares, en la península de Papagayo, Guanacaste. La propiedad fue incorporada al Polo Turístico Golfo de Papagayo poco después del fallecimiento de Manuel Paniagua Rodríguez en 1978 y, según la familia, mediante procedimientos fraudulentos en el ámbito registral y notarial, con la participación del Estado costarricense y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Durante este tiempo, el desarrollo turístico en la zona ha generado, de acuerdo con estimaciones del sector, ingresos millonarios, mientras la viuda, doña Alba Mendoza, y su hijo Frank Paniagua Mendoza mantienen una batalla legal sin que se haya resuelto de fondo su reclamo de propiedad o el pago de una compensación justa.

La situación plantea interrogantes sobre la eficacia del sistema judicial, que, en un caso centrado en la verificación documental, no ha emitido una resolución definitiva. Para la familia, el Estado no ha logrado demostrar la adquisición legal de los terrenos, pese a los años transcurridos y a la magnitud económica del proyecto que se desarrolló en la finca.

¿Hay mano negra en los gobiernos? ¿Hay dineros en paraísos fiscales? El silencio puede ser una alerta de que millones están engordando los bolsillos de grupos políticos que usan el Estado costarricense como una herramienta similar a la denunciada por sicarios económicos, entre ellos Sergey Magnitsky, cuyo testimonio dio origen a la Ley Magnitsky de los Estados Unidos.

50 años de litigio y señalamientos por corrupción institucional ¿Un caso Magnitsky en Costa Rica?

En un esfuerzo por visibilizar el caso, la familia ha difundido una serie de reportajes audiovisuales que, según afirman, documentan con respaldo probatorio los mecanismos de prevaricación, fraude notarial y registral que habrían permitido la apropiación de la hacienda. El material también analiza las irregularidades en la concesión de terrenos y cuestiona las implicaciones del caso para la estabilidad institucional del país.

A sus 83 años, doña Alba Mendoza continúa como rostro de esta lucha, solicitando el respaldo moral de la ciudadanía y subrayando que su reclamo no solo es patrimonial, sino también una defensa del respeto a la propiedad privada y a la transparencia en la gestión pública.

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