Como parte del ejercicio de control de legalidad sobre la actuación de los entes públicos, la Defensoría de los Habitantes recibe solicitudes de intervención relacionadas con el atraso en la resolución de trámites de regularización migratoria, presentadas ante la Dirección General de Migración y Extranjería.
En esa línea, entre los meses de enero y julio del 2021, la Defensoría ha recibido un total de 177 solicitudes de intervención relacionadas con diferentes trámites presentados por personas migrantes y refugiadas, ante las instituciones públicas. De este total, 137 se relacionan con trámites migratorios (extranjería y refugio), es decir, el 77%, cuyo plazo de resolución por parte de las autoridades migratorias, supera el de los dos meses establecido en la Ley General de Migración y Extranjería.
Como parte del seguimiento realizado por la Defensoría, se constató que la Dirección de Migración tiene un atraso significativo en la resolución de los trámites de regularización migratoria, siendo que la Gestión de Extranjería se encuentra pendiente de resolver algunas de las gestiones presentadas durante el año 2019 en la categoría de trabajador de ocupación específica, más otras que se han acumulado durante el año 2020, y 2021 en las diferentes categorías contempladas en la legislación vigente. Según información brindada por la Gestión de Extranjería, a la fecha, existe un total de 7762 solicitudes de regularización migratoria pendientes de resolverse.
Por su parte, la Unidad de Refugio (cuya responsabilidad es remitir los expedientes a la Comisión de Visas Restringidas y Refugio), también tiene un atraso importante en el seguimiento de estos expedientes y la Comisión se encuentra resolviendo, según las nacionalidades de los solicitantes, algunos trámites presentados durante el año 2017.
Considerando que el trámite de refugio es la única categoría migratoria que otorga un documento de identificación provisional en el tanto la solicitud se resuelve, preocupa a la Defensoría que el total de trámites pendientes de resolver por parte de la Gestión de Extranjería, está colocando a las personas interesadas en un estado de indefensión absoluto el cual, evidentemente, las expone a violaciones de sus derechos fundamentales en forma de explotación laboral, imposibilidad de tener acceso a la seguridad social, a la salud, a la educación, vivienda, entre otros.
Resulta urgente que la Dirección General de Migración y Extranjería realice esfuerzos extraordinarios para disminuir la mora o atraso en la resolución de los trámites de regularización migratoria; principalmente, teniendo en consideración que la falta de resolución de estas gestiones, impide a todas luces que las personas migrantes y refugiadas logren integrarse a la sociedad costarricense y llevar a cabo una defensa efectiva de sus derechos fundamentales.
La Defensoría considera urgente llamar la atención sobre la necesidad de que las autoridades migratorias realicen una revisión detallada de las diferentes etapas que componen el proceso de regularización migratoria de una persona extranjera, de manera que se logren detectar las deficiencias administrativas existentes y tomar las acciones que correspondan para garantizar el derecho humano a la documentación y a la justicia administrativa pronta y cumplida de estas personas.
Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes
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