Micrófono en un tomacorriente: las dudas técnicas que debilitan la versión de Laura Fernández
Opinión: En el marco de la campaña política, la candidata oficialista Laura Fernández lanzó una acusación de espionaje: afirmó haber encontrado un dispositivo oculto de grabación (un “micrófono espía”) en su oficina, supuestamente instalado en un tomacorriente. Acompañó la denuncia con la afirmación de que “se detectó una señal”, y que incluso “se apagó el internet” del lugar para ubicar el objeto. La noticia ha generado conmoción política, pero como electricista industrial y hacer periodismo de investigación debo avanzar más allá del discurso público y analizar la plausibilidad técnica de este episodio.
Según los medios que cubrieron el caso, el artefacto hallado correspondería a una placa electrónica pequeña con un portapila tipo botón, sin carcasa visible. Además, se afirma que varias personas manipularon el dispositivo antes de que fuera formalmente entregado a las autoridades. No hubo, en los informes públicos, un acta policial o judicial del levantamiento original ni cadena de custodia certificada.
Técnicamente, un micrófono oculto en un tomacorriente está en un entorno adverso: en Costa Rica, la red eléctrica comercial opera a 110 VAC / 60 Hz, lo que introduce un campo electromagnético constante capaz de inducir ruido (zumbido de 60 Hz y sus armónicos). A menos que el dispositivo cuente con aislamiento, filtrado, apantallamiento y fuente de alimentación sofisticada adecuadamente diseñada, la señal de audio captada se vería severamente contaminada o incluso inutilizada. Además, una placa pequeña sin carcasa o disipador beneficioso sugiere que el circuito es rudimentario o incompleto. En los catálogos de tiendas electrónicas y sitios de venta de dispositivos espía se hallan grabadoras tipo “mini recorder” encapsuladas: vienen con formato terminado, carcasa protectora, conexiones de acceso (USB, ranura de memoria), y módulos claramente identificables para aislar interferencias eléctricas. No existe coincidencia clara con el objeto que mostraron en la denuncia: el que se exhibe carece de carcasa, conectores visibles o módulo transmisor evidente.
La candidata sostuvo que se detectó “una señal” y se apagó el sistema de internet local para localizar el dispositivo. Pero esto plantea más preguntas que certezas. Apagar el Wi-Fi puede ayudar a detectar emisiones en las bandas de 2,4 o 5 GHz, pero no afecta transmisores en otras bandas (VHF, UHF, 433 MHz, GSM, etc.), ni elimina el ruido eléctrico producido por líneas de energía o dispositivos electrónicos vecinos. Un transmisor clandestino de baja potencia podría no ser captado salvo con equipos diseñados (analizador de espectro, antenas direccionales, SDR) y registro del espectro (waterfall). Si no hay registro técnico (capturas de espectro, frecuencia, tipo de señal, equipo usado) la afirmación de “detección” carece de respaldo verificable.
Pero lo que realmente debilita la denuncia no es el entorno técnico: es la ausencia de procedimientos formales. No hay acta judicial ni levantamiento en sitio por peritos con aval institucional. Varias personas manipularon el dispositivo, lo que borra huellas e impide cualquier análisis creíble de ADN o huellas dactilares. Quien asegura haber sido objeto de espionaje renunció así a la cadena de custodia desde el inicio. Así, el objeto que hoy exhibe puede no ser el mismo que halló, o incluso puede haber sido colocado posteriormente para reforzar una narrativa.
En el terreno mediático-político, esta situación presenta una doble arista: por un lado, trata de señalar una provocación dirigida a la candidata, que si fuera verdadera representaría una grave vulneración democrática. Por otro lado, en ausencia de elementos verificables, corre el riesgo de caer en una “falsa bandera” o escenificación destinada a movilizar simpatías o generar desconfianza institucional. La credibilidad de la denuncia depende, en este momento, más de la fe pública que de la evidencia técnica.
El deber del periodismo es entonces insistir en la exigencia de pruebas: fotos originales, archivos de espectro, actas, cadenas de custodia, peritajes independientes. La ciudadanía merece claridad: no es suficiente con la alerta —es necesario exhibir la base técnica. Si no se logra, esta denuncia tendrá valor simbólico, pero no probatorio.
En tiempos de polarización política, una acusación de espionaje puede ser un punto de inflexión. Pero sin transparencia técnica y jurídica, queda en el terreno de la sospecha y la puesta en escena. La pregunta que queda: ¿qué tan legítimo es creer sin pruebas cuando se reclama ilegalidad?
