La mayor parte de las agresiones en contra personas indígenas durante el 2021 fueron cometidas por miembros de la Fuerza Pública, revela el II Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los Pueblos Originarios de la Zona Sur de Costa Rica.
Fuente: Semanario Universidad | Publicación literal a la original
El documento, emitido por la la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) y presentado esta miércoles en una conferencia de prensa conjunta con la fracción de Frente Amplio, recoge las agresiones y violaciones a los derechos humanos contra pueblos originarios en el sur del país, que se encuentran en procesos de recuperación de tierras-territorios entre enero y diciembre del 2021.
El texto se centra en hechos ocurridos de los territorios bribris de Salitre y Yamabï Dí (conocido como Cabagra), cabécar de China Kichá y brörán de Térraba (Crun Shurin). En éstos, explicó la investigadora a cargo, Nery Brenes, se registraron 63 incidentes de seguridad, cuyo protagonista fue mayormente la Fuerza Pública.
«Por segundo año consecutivo tenemos a la Fuerza Pública como el principal actor en cometer agresiones contra los pueblos originarios con 26 incidentes, con un aumento en los incidentes en relación con el 2020», dijo Brenes.
De los 63 incidentes registrados, detalló, 26 fueron a manos de la Fuerza Pública. Detenciones improcedentes y mediante engaños, gaseadas, desalojos y omisiónes del deber policial que pusieron en riesgo a recuperadores y recuperadoras son los más frecuentes,
En segundo lugar se encuentran las agresiones causadas por la Asociación Multiétnica y Pluricultural, una organización que según los indígenas está liderada por Leonel Arburola, un ocupante ilegal de tierras que incluso registra como uno de los ofensores en el estudio y se integra mayormente por usurpadores de tierras mientras opera de forma engañosa, pretendiendo representar grupos indígenas.
«Ahí tenemos un reto importante y es que es difícil identificar cuál es el límite de la acción individual de un ocupante ilegal y cuando inicia la acción de la asociación multiétnica», indicó Brenes.
La investigadora también detalló que los incidentes más comunes fueron los amedrentamientos y hostigamientos por parte de finqueros o sus peones, seguido de la invasión a las recuperaciones y en tercer lugar, la omisión del accionar policial. También se registraron amenazas de agresión o ataques, detonaciones de armas de fuego, agresiones por parte de turbas, atrincheramientos en recuperaciones y daños a la propiedad de los indígenas, así como incitaciones al odio contra ellos.
Aunque la cantidad de incidentes es menor con respecto al año anterior, dijo Brenes, esto no implica que el conflicto haya amainado, pues más bien se identificaron dos nuevos tipos de incidentes: detenciones arbitrarias, como la del recuperador Carlos Antonio Zúñiga Fernández en marzo del 2021 y un intento de femicidio en contra de la recuperadora Hilda Torres Torres, del Clan Tubolwak, en el Territorio Bribri de Yabamï Dí en noviembre.
Finalmente, detalló la investigadora, hay 26 personas indígenas recuperadoras amenazadas de muerte que sobreviven a ese riesgo.
Para concluir, reiteró que «la Fuerza Pública es el principal actor en agredir a estos pueblos e incluso se identificaron distintos escenarios en los que a todas luces actuaron a favor de los ocupantes ilegales».
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