En audiencia ante la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos los magistrados Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Iris Rocío Rojas Morales y Anamari Garro Vargas, propusieron a los legisladores una justicia más eficiente mediante la solución alternativa de conflictos contenida en el Expediente 22.936 Reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial No. 7333.
Este plan se trabajó fuertemente en la Corte Suprema de Justicia como herramienta para resolver asuntos de manera sustantiva en cuanto a los plazos y a atacar de frente a la mora judicial con un plan de acción a lo interno y a lo externo del Poder Judicial.
El magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas recordó que en 1995 la Corte Suprema promovió un primer congreso centrado en este tema. Esta alternativa de reforma penal incorpora la solución de conflictos como principio.
Actualmente se cuenta con 10 sedes que son centro de conciliación. Se ha logrado que en todas las materias se incorpore a la posibilidad de conciliación procesal civil y penal.
Resaltó el Magistrado que, pese a existir las herramientas para poner de acuerdo a las partes en el Poder Judicial se resolvieron 953.217 casos en 2022 y solo 60.232, se solucionaron por la vía de la conciliación, un 5.2 por ciento. El promedio es 2.2 meses, si se permitiera que los jueces conciliadores pudieran llamar de forma obligatoria a las partes que contarían con pocas normas que limitan la conciliación.
Este proyecto en todos los procesos se estará obligando a convocar a una audiencia con las partes. Un cambio en lo que tenemos con derechos que pueden transarse atenderá una situación de violencia que se acrecienta porque no hemos educado para la paz, prosiguió el magistrado. Esta es una forma distinta de resolver dado que el centro serán los que quieren resolver el principio. Cuenta con la ventaja que no tiene mayor costo en el presupuesto del Poder Judicial y a la fecha se cuenta con 15 personas juzgadoras especializadas en este tipo a lo largo del país.
La magistrada Iris Rocío Rojas Morales manifestó que estos funcionarios son altamente preparados y da la oportunidad de que quienes quieren hacerlo que intervengan y les informe a las partes. De esta forma no habrá que esperar 5 ó 6 años para que los conflictos se resuelvan.
Contaría además de un Protocolo de audiencias virtuales para negociación con seguridad para las partes y da la oportunidad de solución alterna de conflictos mediante espacio de negociaciones de las partes, de altísima calidad y gratuito y con temas resueltos en tiempo récord. Y esto se logra con la modificación de un solo artículo en la legislación del Poder Judicial.
Esta propuesta pasó por todos los canales internos de ese poder y fue muy difícil de elaborar porque había que conjugar voluntades. Se trata de una resolución pronta y cumplida para colaborar con la paz social.
La magistrada Anamari Garro Vargas, resaltó que este expediente tiene una enorme finalidad pedagógica porque contribuye a la paz e incide en la institucionalidad y contribuye a bajar la mora judicial dado que aportará efectos muy interesantes de economía de recursos y buena gestión para el Estado. También se da un fortalecimiento de la ciudadanía porque la hace protagonista en la labor de la solución de conflictos entre las partes.
La diputada Gloria Navas resaltó la enseñanza de esta propuesta que busca profundizar en la normativa que se pretende pasar. Es un término muy importante educar a la ciudadanía a la búsqueda de la paz. Comentó que con esta variación se ahorran tres o más años de demora. Indicó que otras legislaciones ya la tienen y se cuenta con actores especializados que llevan a las partes a conciliación que es lo mismo que saber dirigir la negociación.
La diputada Rocío Alfaro dijo que aporta mucho en la dirección de la paz social. En el 2022 solamente un 5 por ciento se resolvió d esta manera. Esta reforma en cinco años se proyecta que pueda llevar a un 15 o 20 por ciento de la totalidad de los asuntos.
Finalmente, los magistrados resaltaron que se daría más celeridad a los procesos y de forma más económica. Puede ser 80 por ciento más barato respecto de los procesos actuales, dado que la justicia restaurativa no llega a los 300 mil colones por lo que impactará en tiempos y costos de la justicia.
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