Distintos movimientos pro-derechos buscan despertar a la población costarricense sobre materia legal y medica de las irregularidades con la que se han manejado las autoridades amparados a una pandemia mundial, lo que pone en riesgo no solo nuestro sistema democrático, sino que podrían estar atentando contra el derecho a la vida y la dignidad de la población infantil. Al parecer las vacunas se han pagado al doble, según comentan.
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Los contratos firmados con las farmacéuticas con fondos públicos, imposiciones, restricciones, y en lo absoluto nada puede estar por encima de la ley, pero al parecer los poderes de la república guardan un peligroso silencio que elimina los contrapesos constitucionales requeridos para mantener la paz social.
Las aprobaciones y cambios de leyes hace pensar que se esta aprovechando la mal llamada pandemia para generar un cambio institucional que viene limitando derechos constitucionales, sin tocar la constitución, ¿es peligroso? bueno, este tipo de actos se presentaron en Venezuela durante la transformación de la democracia a la dictadura.
Los movimientos instan a pensar el voto en las próximas elecciones, ya que existen intereses políticos en un control social al estilo dictatorial. También recomiendan a los padres a sacar a los niños de los centros educativos para evitar ser inoculados con una sustancia experimental grado tres, que solo cuenta con una autorización de uso experimental, por lo que su uso según los derechos universales no pueden ser obligatorios.
Ley número 17823; «Código de la niñez y la adolescencia» Cap XI, Artículo 74 (Principios de la humanidad) refiere que ningún niño o niña puede ser sometida a experimentos médicos o científicos.
Sin embargo, por encima de lo que la ley permite y ante el silencio de los poderes de la republica e instituciones que deben defender la niñez guardan silencio y como si fuese un régimen militar, simplemente «Siguen Ordenes», por lo que desde CRprensa.com también les recordamos que la responsabilidad de todo funcionario público es cumplir con la ley y no puede ir mas allá de lo que la ley le permite, nadie puede decir que desconoce la ley, por lo que la responsabilidad es personalísima, además, los delitos de lesa humanidad no prescriben.
