La policía que no conoce la ley: un riesgo para la justicia

Opinión | La principal función de un oficial de policía es hacer cumplir la ley. No interpretarla según su parecer, no aplicarla según su estado de ánimo, no decidir a quién sí y a quién no. Solo cumplirla. Y, sin embargo, cada vez es más común encontrarse con agentes que, lejos de representar la legalidad, se convierten en símbolos de abuso, ignorancia o, peor aún, de corrupción.

En Costa Rica y otras partes del mundo, los cuerpos policiales han sido creados con un fin preventivo, con el propósito de velar por el cumplimiento de las normas, proteger a la ciudadanía y actuar dentro de los límites que la ley impone. Pero ¿qué sucede cuando quienes deben respetar la ley no la conocen o deciden ignorarla?

El periodista Donaldo Duarte Tres ha documentado con video a oficiales que se niegan a identificarse, y a otros que portan algún tipo de pasamontañas para cubrir parte de su rostro. ¿Qué puede justificar que un servidor público oculte su identidad? Nada. La transparencia es el primer requisito de un funcionario que representa al Estado de Derecho. Pero este caso fue grabado. ¿Cuántos otros no lo son?

Aquí no hablamos solo de una mala práctica, sino de una señal de alarma: policías que actúan a criterio propio, que incumplen normas básicas, y que en su actuar selectivo siembran desconfianza y refuerzan la percepción de que la justicia es opcional o arbitraria. Eso no solo es peligroso, es inaceptable.

Un policía no es juez. No le corresponde determinar quién es o no un criminal. Su deber es intervenir según los procedimientos establecidos y poner a disposición de las autoridades competentes a quien lo amerite. Nada más, nada menos. Y si no tiene claro ese principio, entonces no está capacitado para portar un uniforme.

Esto nos lleva al verdadero fondo del problema: la calidad de la formación policial. ¿Qué tipo de capacitación están recibiendo estos funcionarios? ¿Dónde están los módulos de derechos humanos, de manejo emocional, de relaciones públicas, de comunicación efectiva? ¿Quién supervisa que comprendan la ley que deben hacer cumplir?

La justicia no se puede aplicar a dedo. Cada oficial tiene la responsabilidad de actuar conforme al marco legal, con ética y con respeto por los derechos de los ciudadanos. Cualquier desviación de ese deber daña no solo la institución policial, sino la credibilidad del Estado en su conjunto.

Es hora de dejar de justificar lo injustificable. La policía necesita reformas urgentes en capacitación, selección de personal y control interno. Porque una sociedad que le confía el uso de la fuerza a funcionarios mal preparados, está cavando su propia tumba democrática.