Lima, 27 de mayo de 2024 – La crisis entre los poderes del Estado en Perú se profundiza con la reciente acción judicial contra la presidenta Dina Boluarte. Este 27 de mayo, la Fiscalía peruana presentó una denuncia constitucional en su contra, vinculada al polémico caso conocido como ‘Rolexgate’. La mandataria es acusada de haber recibido relojes de lujo y otras joyas sin declararlas, lo que podría constituir el delito de cohecho pasivo impropio.
La Fiscalía de la Nación informó a través de su cuenta en la red social X que la denuncia fue presentada ante el Congreso de la República. Según el Ministerio Público, Boluarte habría recibido como donación del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, tres relojes Rolex, un par de aretes de oro con diamantes y una pulsera de oro con brillantes. Estas donaciones, presuntamente, fueron entregadas con la intención de influir en actos oficiales de la presidenta.
El documento de 63 páginas detalla las pruebas que sostienen la acusación, incluyendo la coincidencia entre la compra de los relojes y joyas y las visitas de Oscorima a Boluarte. Además, se mencionan varios decretos de urgencia y decretos supremos emitidos por el Ejecutivo, que podrían haber beneficiado al gobernador y a su región.
Este procedimiento especial de denuncia constitucional se dirige al Congreso, donde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales evaluará su procedencia antes de iniciar el proceso parlamentario que, en última instancia, determinará si se acusa formalmente a Boluarte.
El caso ‘Rolexgate’ salió a la luz en marzo de este año, tras una investigación del medio ‘La Encerrona’, que reveló la posesión de una colección de relojes de lujo no declarados por la presidenta. Inicialmente, Boluarte afirmó que los relojes eran fruto de su esfuerzo, pero posteriormente admitió que se trataba de un préstamo de Oscorima, calificando la aceptación de los objetos como «un error político».
La denuncia constitucional contra Boluarte marca un hito significativo en la política peruana, siendo la segunda ocasión en la historia reciente que se utiliza este procedimiento contra un presidente en ejercicio. La primera vez fue contra el exmandatario Pedro Castillo, lo que suscitó un debate sobre las limitaciones del artículo 117 de la Constitución, que restringe las acusaciones contra un presidente en funciones a ciertos delitos graves como traición a la patria o disolución ilegal del Congreso.
Mientras se espera la resolución del Congreso, la denuncia ha generado un intenso debate político y jurídico en el país, sumando más tensión a la ya compleja situación política de Perú.
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